El Tribunal Constitucional ha dictado dos sentencias aprobadas por unanimidad desestima las peticiones fundamentales los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y por el Parlamento de Cataluña todos ellos contra el Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017 mediante el que se aprobaron medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución para lograr la cesación de conductas de las instituciones públicas catalanas que atentaban contra el orden constitucional. En las resoluciones, se llega a afirmar que la intervención coercitiva estatal adoptada para casos como el de la amenaza secesionista catalana habrá de ser así parcial en un doble plano: “por un lado, el de la pervivencia del propio ordenamiento autonómico en cuanto no resulte desplazado por las reglas aprobadas por el Senado al resultar conciliable con la finalidad y términos de la intervención” y, por otro, “ya en el plano orgánico o institucional, las medidas coercitivas no podrían incidir directa e indiferenciadamente sobre cualesquiera órganos y autoridades de la comunidad autónoma, pues la coerción estatal únicamente será posible sobre aquellos cuyas actuaciones guardan relación con el supuesto que, a juicio del Gobierno y del Senado, ha determinado la aplicación de lo previsto en el art. 155 CE”.

 

De las sentencias se deduce que la aplicación del artículo 155 de la Constitución fue necesaria porque los dirigentes catalanes cuestionaron “el mandato del art. 9.1 CE, de acuerdo con el cual todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y deben adecuar su actuación a sus determinaciones” y “atentaron contra el interés general de España, en cuanto se discutió la preservación misma del Estado español, intentando cuestionar su unidad e integridad territorial y constitucional”, aunque se declara la inconstitucionalidad de la regla que excluía los efectos de la publicación oficial de disposiciones normativas o actos sin autorización del Gobierno o en contra de lo dispuesto por este.

 

Unidos Podemos y los partidos políticos independentistas de Cataluña impulsaron los dos recursos de inconstitucionalidad analizados demostrando el poco respeto que sienten por la configuración del Estado que se recoge en la Constitución. Sin embargo, hay que agradecer la interposición de ambos recursos por la utilidad que puede llegar a tener en el futuro la resolución de los mismos.