Ya se ha confirmado la celebración de unas elecciones generales conforme al artículo 99.5 de la Constitución, que establece que, si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. Además, se ha confirmado que se puede ser diputado o senador cobrando el salario íntegro sin dar palo al agua.

 

Teóricamente, los diputados y los senadores tienen derecho a un salario por la realización de sus tareas. El artículo 8 del Reglamento del Congreso señala que “Los Diputados percibirán una asignación económica que les permita cumplir eficaz y dignamente su función” y que “Tendrán igualmente derecho a las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función”. El artículo 23 del Reglamento del Senado establece que “Los Senadores tendrán tratamiento de excelencia, que conservarán con carácter vitalicio, y derecho a la asignación, dietas e indemnizaciones por gastos necesarios para el desempeño de su función que se fijen en el Presupuesto del Senado”. Con ambos preceptos se podría justificar que, antes las situaciones con escasa carga de trabajo para los parlamentarios, no debería existir percepción alguna para los diputados y los senadores.

 

Los parlamentarios han estado varios meses, desde la constitución de las Cortes Generales, paseando por sus sedes. Es posible que los diputados y senadoras aleguen que han desempeñado tareas importantes, pero ni han aprobado leyes que se necesitan, ni han aprobado los Presupuestos Generales del Estado ni han controlado debidamente la acción del Gobierno, sometido a escasas sesiones de control. Por ese mismo motivo, debería restringirse el salario de los diputados y senadores, siendo cierto que podría suprimirse el pago del mismo mientras no se constituya el Gobierno o determinar que los parlamentarios no cobren cantidades superiores al Salario Mínimo Interprofesional hasta que se alcance un acuerdo para investir a un candidato a la Presidencia del Gobierno. Una modificación en ese sentido sería de muy fácil realización, pues no necesitaría una reforma constitucional en la medida en que solo habría que alterar algunas normas con rango legal, y podría llegar a ser mucho más efectiva que cualquier otra que pretenda promover la constitución del Gobierno tras las elecciones generales.