La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2019 desestimó el recurso contencioso-administrativo nº 75/2019, interpuesto por doña María del Carmen, doña María de la O, doña María del Mar, don José Cristóbal, doña María Aránzazu, don Jaime Felipe MartínezBordiú Franco y don Francisco Franco Martínez-Bordiú contra los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019 por los que, respectivamente, se resuelve el procedimiento para dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 16.3 de la Ley 52/2007, de 26 diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, y se adoptan medidas complementarias en el marco de lo previsto en el apartado segundo del Acuerdo de 15 de febrero de 2019, por el que se resuelve el procedimiento para dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 16.3 de la Ley 52/2007, de 16 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. Habiéndose manifestado una gran alegría desde el círculo de Pedro Sánchez, hay que decir que todavía le queda mucho por hacer a su Gobierno si quiere proceder con su deseada operación.

Por un lado, la licencia de obra para realizar la ejecución de la exhumación está suspendida por el juez José Yusty Bastarreche, aunque la autorización administrativa podría recuperar su eficacia próximamente por las afirmaciones del Tribunal Supremo, que ha llegado a decir que la “actuación material cuenta con la cobertura de las previsiones de la disposición adicional sexta bis de la Ley 52/2007 en relación con la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que faculta al Consejo de Ministros para decidir la ejecución de proyectos”, de modo que “no necesita licencia municipal [sentencias de esta Sala de 18 de diciembre de 2002 (recurso n.º 1369/2000) y n.º 1402/2000); 15 de diciembre de 2014 (casación n.º 254/2014); 16 de diciembre de 2014 (recurso n.º 392/2012) que, si bien se refieren a otros textos legales, su contenido era sustancialmente igual que el vigente]” y que “ningún obstáculo hay, desde el punto de vista de la regulación de los contratos del sector público, para la adjudicación de parte o de todos los trabajos a empresas privadas si no los llevara a cabo, con sus medios, la Dirección de Inmuebles y Medio Natural del Patrimonio Nacional”. Por otro lado, la familia de Francisco Franco todavía puede lograr que la exhumación se suspenda por el Tribunal Constitucional mediante la interposición de un recurso de amparo por la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la intimidad, pues, aunque el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional indica que “La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados”, ello no impide que, “cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad, la Sala, o la Sección en el supuesto del artículo 52.2, de oficio o a instancia del recurrente, podrá disponer la suspensión, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona”. En lo que respecta a la segunda cuestión, resultaría interesante que el Tribunal Constitucional decidiera actuar con el planteamiento de una cuestión interna de inconstitucionalidad conforme al artículo 55.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Ahora mismo, parece complicado que pueda quedar sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo sobre la exhumación de Franco, pues es probable que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se acojan a los argumentos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2019. Sin embargo, la ejecución de la misma se producirá más tarde que pronto, atendiendo a todo lo ocurrido y a lo que queda por suceder, sin que sea posible descartar la producción de circunstancias que alteren radicalmente la resolución del asunto.