La comisión por reclamación de posiciones deudoras es aquella por la que se compensa a la entidad por las gestiones realizadas para reclamar la deuda pendiente de sus clientes. Una cláusula de Kutxabank ha sido declarada nula por la Sentencia del Tribunal Supremo 566/2019, de 25 de octubre, por no cumplir las condiciones que ha establecido el Banco de España, que determina que la misma cláusula debe de estar recogida en el contrato para que se pueda aplicar, se ajuste a la normativa, indicando que el devengo de la comisión debe estar vinculado a la existencia de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el cliente deudor, no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones adicionales realizadas por la entidad con el mismo fin, ni siquiera cuando, en el caso de impago en el tiempo, este se prolonga en sucesivas liquidaciones, debe de ser única, no admitiéndose tarifas porcentuales, y no puede aplicarse de manera automática.

 

El análisis que realiza la Sentencia del Tribunal Supremo 566/2019, de 25 de octubre, sobre la comisión por reclamación de posiciones deudoras no determina una abusividad general, aunque si complica su establecimiento al especificar que la cláusula por la que se incorpore esa comisión al contrato bancario deberá estudiarse cuidadosamente para que pueda ajustarse estrictamente a la normativa reguladora del equilibrio de las posiciones entre el prestamista empresario y el prestatario consumidor, sobre la que tienen una importante incidencia diferentes resoluciones judiciales. Son muchas las sentencias de las que se puede hablar, pero debe destacarse la Sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de octubre de 2019, que resolvió el asunto C-621/17, ha establecido, en relación con los gastos que puede conllevar un contrato de préstamo, que el consumidor debe poder comprobar que no hay solapamiento o duplicidad entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos retribuyen, de manera que pueda garantizar que no paga dos veces por un mismo servicio.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo 566/2019 es una muestra de la cantidad de cláusulas abusivas que todavía se pueden encontrar y que deben suprimirse para evitar daños y perjuicios ilícitos para los consumidores y usuarios por el incremento indebido de cantidades adeudadas por los prestatarios. Además, la extinción de las prácticas ilícitas de las entidades bancarias puede fomentar una mayor contención en la concesión de préstamos hipotecarios otorgados de manera irresponsable por los bancos a personas que no van a tener posibilidades patrimoniales de poder restituir las cantidades prestadas abonando la contraprestación abusivamente inflada, evitando situaciones indeseables para prestamistas y prestatarios, cuyas pretensiones deben ser protegidas equilibradamente.