La expresión joseantoniana "Queremos a España porque nos duele" no podría tener mayor actualidad en unos tiempos como estos en los que no pasa una sola jornada sin que en España alguien se deje caer con alguna barbaridad política, jurídica, económica o social que nos llene de vergüenza e indignación. La última gran parida, aparte de las que diariamente nos lega el Gobierno del "okupa", es la sentencia del Tribunal Supremo estableciendo que los impuestos por el registro de hipotecas debe pagarlos el cliente y no la entidad bancaria.

 

Esto es algo que no había ocurrido hasta ahora. Que se reúna el Pleno del TS para unificar una doctrina, precisando y delimitando lo que quede en duda de una sentencia dada sería normal. Lo que no es normal es que se reúna para tumbar el 100% de la sentencia de una Sala. Sobre todo cuando ese bandazo supone para la Banca - la misma Banca rescatada por el Estado a golpe de millones de nuestros impuestos - un ahorro de muchos miles de millones que, en todo caso, pensaban colgar en las espaldas de sus clientes. Los de la extrema izquierda, IU/Podemos y demás afines, ya tienen árnica para saltar a las calles y armar la marimorena. El TS se ha arrugado por el roto que la anterior sentencia hubiera hecho a la Hacienda de las Comunidades Autónomas y, por ende, a la Hacienda del Gobierno Central.    

 

A estas alturas - y por si alguien aún lo dudaba - está más claro que el agua que en España la Justicia está absolutamente politizada. Algo que los secesionistas sabiamente aprovechan para sacarle buen jugo en Estrasburgo. Tal y como se huele en el aire, lo más probable es que el juicio de los políticos presos catalanes acabe en Estrasburgo y se revoque la sentencia si hubieran salido condenados por rebelión o sedición. Todo quedaría en un delito de desobediencia y otro de malversación.   

 

La independencia judicial en España empezó a debilitarse desde que el PSOE "inventó" lo de nombrar "jueces por el cuarto turno" para colar a sus amiguetes y de paso socavar el Poder Judicial en su sectario beneficio. Carmena es uno de esos jueces "a dedo". Luego llegó el PP y continuó haciendo lo mismo;  PSOE y PP se repartieron los jueces en función de sus respectivos escaños parlamentarios. Ciudadanos quiso eliminar esta marranada judicial - defendiendo que los jueces sean nombrado exclusivamente por el Poder Judicial - pero ni el PSOE ni el PP le apoyaron en el Congreso. Se impuso el podrido bipartidismo.

 

Y algo similar ocurre con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que tiene cada Comunidad Autónoma: Sus jueces los nombra la Consejería de Justicia de cada comunidad y los colocados siempre son peones útiles de quienes les auparon a la buena mamandurria. De esta corrupción se aprovechan, con gran acierto, los secesionistas, sediciosos y demás escoria independentista. Tenemos como ejemplo el caso del etarra Otegui, donde lo más sangrante no es que aquella juez fuera tachada de imparcial por su imprudente comentario en Sala - a nadie se le ocurre una chulería como la de decir "sabía que usted contestaría eso" - sino que (sospechamos que con premeditación y alevosía) el Poder Judicial la mantuviera en otro pleito similar, lo que dio pie a que el asunto acabara en Estrasburgo. Los mismos que alegremente nos tumbaron la Doctrina Parot condenan ahora a España por algo parecido.     

 

Y cabe preguntarse: Si los partidos no renuncian a la corrupción que supone conservar su "comisión" en el Poder Judicial; si el Gobierno central sigue escudándose en los TSJ de las CCAA para evitar hacer lo que no le agrada; si el TS responde al canto de sirenas de las CCAA y de la Banca; si la propia España no se respeta a si misma... ¿Cómo coño quiere España que la respeten en Estrasburgo?.