Hace muchos años, un profesor de religión preguntó a un alumno —repetidor para más señas— el lugar a donde se había dirigido san Pablo en su tercer viaje, dentro del relato contenido en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El alumno, que ese día no mostraba síntomas de haberse estudiado la lección, imploró con su mirada ayuda a otros compañeros de clase. Uno de éstos tuvo a bien echarle una mano: “A las Américas”, le chivó. E inmediatamente, al alumno repetidor se le cambió el semblante, respondiéndole ufano al maestro con ese estilo tan característico de quien todavía no las tiene todas consigo: “¿A las Américas?”. Poco puede costar imaginarse el pitorreo generalizado que se montó en ese santiamén, a pesar de que el pobre alumno repetidor se mantuvo ajeno al motivo que lo originó.

En el último instante de la fallida investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, y a raíz de un mensaje recibido desde alguien muy cercano al PSOE, Pablo Iglesias se sacó de la chistera un postrer cambalache: renunciaba al Ministerio de Trabajo a cambio de hacerse con la dirección de las políticas activas de empleo. En ese momento, el runrún que se extendió por todo el hemiciclo hizo desplomarse las temperaturas a niveles invernales.

¿Qué es eso de las políticas activas de empleo? Por contraposición a las políticas pasivas —el pago de prestaciones por desempleo—, las activas consisten en toda una suerte de planes de formación, orientación laboral y bonificaciones a la contratación de los trabajadores. Una bicoca para quien gusta de nadar en el río revuelto del dinero público, pues supone mover anualmente alrededor de 6.000 millones de euros, esto es, un billón de las viejas pesetas.

El pequeño problema —casi sin importancia— es que la ejecución de tales políticas activas de empleo no está en manos del Estado, sino de las Comunidades Autónomas. Aunque, no obstante, sí le permitiría controlar la Conferencia Sectorial de Empleo, presidida por el Gobierno central, y donde se decide el reparto entre las distintas autonomías de las millonarias partidas destinadas a esos menesteres.

Si simplemente nos limitáramos a pensar mal, podríamos sospechar que el líder de Podemos no tiene ni la más pajolera idea de cómo funciona el Ministerio de Trabajo ni de cuáles son sus atribuciones. Sin duda, se trataría de una interpretación con bastantes visos de verosimilitud. Sin embargo, conociendo que el personaje en cuestión no da puntadas sin hilo, tenía que haber algo escondido detrás de su oferta.

Por tanto, fuera él consciente o no de todo lo que escondía el soplo que había recibido, la propuesta de Pablo Iglesias sólo podía encerrar algo tan prosaico como el manejo del parné. Lo cual lleva aparejado dos peligros: 1) Teniendo en cuenta que el 40% del dinero presupuestado para las políticas activas de empleo se destina a financiar incentivos a la contratación —básicamente, reducciones en la cotización a la Seguridad Social para las empresas que contraten a parados—, causa inquietud pensar cómo iban a desenvolverse al respecto los comunistas podemitas, cuya ayuda al empresariado siempre ha consistido en echarle una mano al pescuezo y soltarle una patada en el bajo vientre; y 2) Ya sabemos cómo se las gasta la izquierda en materia de formación, por lo que el despilfarro que se nos avecinaba sería de órdago.

Como aquel mal alumno repetidor que mandó a san Pablo a América en el siglo XV antes de Colón, Pablo Iglesias continúa sin enterarse del jolgorio que generó en el Parlamento cuando actuó por boca de ganso de ese supuesto gerifalte socialista al que algunos medios ya identifican con Zapatero. A él le da igual. Pese a su colosal metedura de pata, sus miras continúan puestas en los casi 6.000 millones de euros que pasaría a gestionar: el equivalente a 10.000 casoplones de Galapagar.