María Jesús Montero ha afirmado que sería “conveniente” efectuar un proceso de armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para evitar los “desajustes” entre las Comunidades Autónomas que provocan grandes diferencias de tributación. No hay duda sobre la realidad de las palabras de la ministra de Hacienda, que, de forma indirecta, ha querido decir que hay que elevar las cuotas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de forma que los contribuyentes no puedan escapar de un sablazo fiscal por ese tributo mediante el cambio de su residencia.

 

Puede decirse que María Jesús Montero tiene dos objetivos directos: acabar de un plumazo con una de las bazas electorales más efectivas para el PP, Ciudadanos y Vox de cara a las próximas elecciones autonómicas y recaudar más dinero, que hace falta para alargar la estancia de Pedro Sánchez en el Gobierno. Lo primero es fácil de imaginar y lo segundo debe generar preocupación.

 

Ciertamente, las declaraciones de María Jesús Montero son absolutamente coherentes con el modo de actuar del Gobierno en lo que respecta a la materia económica. El dinero no nace de los árboles, pero si que se puede conseguir de los contribuyentes, a los que siempre se podrá exprimir como si no hubiera un mañana con la constitucional finalidad de conseguir dinero con el que contentar a Podemos y a los nacionalistas de Cataluña y de País Vasco, que deben sentir un gran gozo por poder controlar el resto de España mientras juegan con las amenazas basadas en las pretensiones relativas a la formación de Estados propios.

 

Armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es necesario y adecuado. Sin embargo, conociendo las modificaciones del fiscal andaluz que María Jesús Montero impulsó en su etapa como consejera de la Junta de Andalucía, cualquiera que sepa como se incrementaron las cuotas tributarias en esa Comunidad Autónoma puede haber empezado a temblar junto con su bolsillo. Sin embargo, puede existir tranquilidad por el momento, pues antes habrá que superar ciertos obstáculos políticos, concertar un nuevo plan de financiación del sistema autonómico y reformar, consecuentemente, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.