La Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de noviembre de 2018 ha resuelto el conflicto entre órganos constitucionales del Estado núm. 3102-2016, que fue interpuesto por la Letrada de las Cortes Generales en representación del Congreso de los Diputados contra el Gobierno, en relación con el no sometimiento del mismo a iniciativas de control por el Congreso de los Diputados.

Hay que tener presente que la sentencia indicada establece que, aunque generalmente, “el control de la acción del Gobierno se ejercerá en el marco de la relación de confianza que ha de existir entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados”, ello no implica que “no pueda ejercitarse la mencionada función de control”, ya que “la función de control que corresponde a las Cortes Generales está implícita en su carácter representativo y en la forma de gobierno parlamentario que establece el artículo 1.3 de la Constitución, no pudiendo negarse a las Cámaras todo ejercicio de la función de control, ya que con ello se afectaría al equilibrio de poderes previsto en nuestra Constitución”, que establece “la función de control corresponde al Congreso de los Diputados y al Senado, conforme al artículo 66.2 de la CE, aunque entre esta Cámara y el Gobierno no exista dicha relación de confianza”.

El artículo 101 de la Constitución indica que “El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente” y que “El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno”, pudiendo destacarse que la Ley 50/1997 recoge la regulación de las competencias del Gobierno en funciones, estableciendo reglas especiales. Es fácil comprobar, a la vista de la regulación, que la Constitución y la Ley 50/1997 expresan claramente cuáles son las diferencias entre el Gobierno antes de cesar y el Gobierno en funciones y, por no indicarse distinciones en lo que al control parlamentario se refiere, hay que entender que es el mismo para el Gobierno en todo momento, con independencia del momento en el que se encuentre. Además, el artículo 66.2 de la Constitución dice que “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”, sin diferenciar los períodos de gobierno y los artículos 1.1 y 9 de la misma norma establecen el carácter democrático del Estado español y el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico.

Curiosamente, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de noviembre de 2018, que constituye una buena noticia, no ha tenido gran repercusión. Es posible que la causa se encuentre en el deseo de poder escapar del control parlamentario en ciertos momentos que pueden tener prácticamente todos los dirigentes políticos que ocupan cargos de gobierno.