La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introdujo la pena de prisión permanente revisable, que, según su Preámbulo, “podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad –asesinatos especialmente graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad– en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, éste puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos”, de manera que, “una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal”, alejando “toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado”.

 

Frente a la reforma legal que provocó la introducción de la prisión permanente en el Código Penal se interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para lograr que se expulse del ordenamiento jurídico la pena implantada en el año 2015. Sobre el recurso no llegó a saber mucho durante bastante tiempo, pero a finales del año pasado, se confirmó la información relativa a la agenda del Tribunal Constitucional en lo que respecta a la prisión permanente revisable, que sería analizada por sus magistrados a finales del presente año.

 

El recurso de inconstitucionalidad presentado contra la prisión permanente revisable reconoce que “En los términos de la STC 160/2012, de 20 de septiembre, FJ 3: “de la mención de que las penas y las medidas de seguridad deberán estar orientadas a tales finalidades, no se deriva que tales fines sean los únicos objetivos admisibles de la privación penal de libertad ni, por lo mismo, que haya de considerarse contraria a la Constitución `la aplicación de una pena que pudiera no responder exclusivamente a dicha finalidad’ (SSTC 19/1988, de 16 de febrero, FJ 9…)””, de manera que ““aunque no debe desconocerse la importancia del principio constitucional” contenido en el artículo 25.2 CE (SSTC 2/1987, de 21 de enero, FJ 2; 28/1998, de 23 de febrero, FJ 2), la legitimidad de la sanción penal no ha de basarse exclusivamente en el fin resocializador, sino que ha de convivir con otras finalidades de prevención general y especial, tales como la “intimidación, eliminación de la venganza privada, consolidación de las convicciones éticas generales, refuerzo del sentimiento de fidelidad al ordenamiento”, etc. (STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 6)”. Sin embargo, en el mismo escrito se detalla que “la necesidad de satisfacer otros fines legítimos de la pena –tales como la disuasión de potenciales delincuentes, o el recíproco aseguramiento de la confianza en el respeto de las normas- puede suponer un cierto grado de sacrificio del fin resocializador, pero esa restricción del fin constitucional debiera, para ser acorde con la Constitución, reunir dos requisitos: en primer lugar, debe ser razonable, en el sentido de que ha de estar justificada en algunos de esos otros cometidos legítimos de la pena o, más en general, en otros intereses de rango constitucional; en segundo lugar, no puede llegar hasta el punto de desatender totalmente el fin resocializador, pues en tal caso no estaríamos ante una restricción proporcionada, sino ante una conculcación frontal del mandato constitucional de que las penas deban estar orientadas a la reinserción social”.