La Audiencia Provincial de Madrid acordó que la instrucción del suicidio asistido de María José Carrasco, enferma terminal que se quitó la vida con la asistencia de su marido, sea continuado por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer correspondiente porque aún faltan pruebas para concluir que no sea un caso de violencia machista. Concretamente, el tribunal ha señalado que “en esta fase procesal no se dan las circunstancias para determinar fehacientemente si se trata de un acto de violencia contra una mujer en el ámbito de la pareja, como determina la ley integral de violencia sobre la mujer”.

En un primer momento, se fijó la competencia para la instrucción en favor de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que, según el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 14.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la legislación procesal penal, de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, de modo que la resolución judicial en el que se le atribuye la investigación a un juzgado de violencia sobre la mujer se ajusta al ordenamiento jurídico. Lo curioso es que, según la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se crearon “para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia sobre la mujer en las relaciones intrafamiliares”, pero la configuración de esos órganos jurisdiccionales es deficiente, como puede observarse en el caso del suicidio asistido de María José Carrasco.

 

Posteriormente, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer correspondiente rechazó investigar el caso de María José Carrasco, pues “Resulta evidente que no nos encontramos ante un comportamiento que suponga una 'violencia física y psicológica (...), sino que el comportamiento sancionado penalmente consiste en llevar a cabo la voluntad de María José Carrasco, expresada de forma seria e inequívoca de auxiliarle para poner fin a su vida por padecer una enfermedad permanente difícil de soportar o una enfermedad grave; está solicitando la ayuda para ejercer el derecho a poner fin a su vida porque debido a su enfermedad no puede hacerlo de forma autónoma”, añadiendo la resolución judicial dictada que “Desde una interpretación social y teleológica” de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género “se deduce que el auxilio al suicidio no puede formar parte de las competencias”. De ese modo, se estimó la petición del Ministerio Fiscal, que señaló que en ese caso no hay una situación de “dominación y de relaciones de asimetría y de poder sobre la mujer, que perfila y define la violencia de género”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado un vuelco al asunto y ha reactivado un debate que parecía zanjado adecuadamente con el asunto de María José Carrasco. Según se ha indicado en la prensa, el Tribunal Supremo terminará analizando el caso, pero es difícil predecir lo que puede llegar a señalar, pues las distintas posiciones sobre la competencia para la instrucción del caso son defendibles. La más correcta técnicamente es la determinación de la competencia para el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, pero no es la más justa, aunque es cierto que ello puede deberse a lo mal que encaja la existencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con su configuración legal actual, que tendría que modificarse radicalmente sin descartar su posible supresión ante la desgraciada ineficacia de su labor en materia de prevención de delitos de violencia de género.