La Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019 ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 107.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Esa resolución culmina la tendencia ya iniciada con la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la misma norma. Con las declaraciones de inconstitucionalidad citadas, se ha producido un derribo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se conoce popularmente como el impuesto de plusvalía.

 

Merece la pena destacar que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019 le da un toque de atención al Parlamento al afirmar que “es importante señalar que una vez declarados inconstitucionales, primero los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del TRLHL por la STC 59/2017, de 11 de mayo, y ahora el art. 107.4 TRLHL por la presente sentencia, es tarea del legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, realizar la adaptación del régimen legal del impuesto a las exigencias constitucionales puestas de manifiesto en una y otra sentencia”, pues “No hay que olvidar que, de conformidad con el art. 31.1 CE, los ciudadanos no solo tienen el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, sino también el derecho de hacerlo, no de cualquier manera, sino únicamente “con arreglo a la ley” y exclusivamente “de acuerdo con su capacidad económica”. Además, tiene presente la resolución que “el principio de autonomía financiera de los municipios (arts. 137 y 140 CE) exige que las Haciendas locales dispongan de medios financieros suficientes para poder ejecer, sin condicionamientos indebidos, las funciones que legalmente les han sido encomendadas, fundamentalmente, mediante tributos propios (art. 142 CE), pero que por estar sometidos al principio de reserva de ley (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE), corresponde al legislador estatal integrar las exigencias derivadas de esa reserva de ley como medio de preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los contribuyentes [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10.c)]”, de modo que “Sólo al legislador le es dado, entonces, regular esa contribución y la forma de adecuarla a la capacidad económica de cada cual, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de dos años desde la publicación de la STC 59/2017, de 11 de mayo (en el BOE núm. 142, de 15 de junio), sin que haya acomodado el impuesto a las exigencias constitucionales”, resultando “importante subrayar que el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) exige no solo la claridad y certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable, sino también la legítima confianza y la previsibilidad en sus efectos, entendida como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano de cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho (STC 135/2018, de 13 de diciembre, FJ 5)”.

 

La apatía legislativa existe en muchos ámbitos relevantes pero que, por no tener incidencia mediática, no reciben una atención adecuada. Un ejemplo claro es el del artículo 133 del Código Civil, que restringía la legitimación de la acción de reclamación de filiación no matrimonial excluyendo a los padres. Este precepto fue declarado inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 273/2005, de 27 de octubre, y no se hizo la reforma pertinente para reajustar sus reglas hasta el año 2015.

 

Resulta esencial que el Parlamento nacional cumpla con su cometido y que ejerza la potestad legislativa para reformar el impuesto de la plusvalía de un modo equilibrado para que, conforme al artículo 31 de la Constitución, aquellos que realicen el hecho imponible del tributo contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, deberá tener alcance confiscatorio. Solo de esa manera, se podrá evitar el abuso de los entes locales con un impuesto que tiene una gran incidencia económica para los ciudadanos.