En estos últimos días el Presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), general Juan Chicharro Ortega, ha publicado tres interesantísimos artículos en la web de la FNFF (www.fnff.es), bajo el título de “En relación con una nueva propuesta de LMH” (1ª, 2ª y 3ª parte), donde explica con meridiana claridad lo que significa esta nueva vuelta de tuerca en la maldita Ley de Mentira Histórica y las consecuencias que tendría su aprobación.

Como es bien sabido, el pasado 2 de agosto el grupo parlamentario socialista presentó para su tramitación una propuesta de ley que modifica y amplía la tristemente famosa ley 52/2007 aprobada durante la presidencia del miserable y resentido Rodríguez Zapatero. Como muy bien explica el general Chicharro en su trilogía, esta nueva ley –caso de aprobarse– supone directamente penalizar con multas, inhabilitaciones e incluso con cárcel a cualquiera que se aparte lo más mínimo de la versión oficial de la chusma roja sobre lo que ocurrió en España entre abril de 1931 y noviembre de 1975, sobre quienes eran “los buenos” (por ejemplo el criminal y chequista García Atadell, destacado socialista) y quienes “los malos” (por ejemplo D. José Calvo Sotelo, ex ministro de Hacienda y destacado jurista con un curriculum insuperable de servicio a España, secuestrado y asesinado por la espalda por un grupo de carabineros y militantes socialistas cinco días antes del Alzamiento), y por supuesto perseguir y castigar a quien se atreva a elogiar a “los malos” o criticar a “los buenos”, introduciendo el muy socorrido delito de “odio”, tan sujeto a interpretación y tan susceptible de ser manipulado. Y de paso, aprovechan para dejar el campo libre para profanar la sepultura del general Franco y trasladar sus restos mortales a donde a ellos les plazca y para desacralizar la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, convirtiéndola en un cementerio civil y en un memorial de homenaje a las fieras que arrasaron España entre 1931 y 1939.

Cualquiera que lea esto y desconozca la calaña de estos individuos podrá pensar que es una inocentada, o que se trata de una ley ya derogada de la extinta RDA de Honecker, de la Rumania de Ceacescu o de la Camboya de Pol Pot, por poner algún ejemplo fácil de entender, pues algo así resulta inconcebible en una nación como la nuestra, que al parecer “disfruta” de un régimen democrático liberal. Pues no señores, esto está pasando en España y en 2019, aunque parezca mentira y aunque muchos “bienpensantes”, o cobardes, o ambas cosas, no quieran darle la trascendencia que tiene, que es mucha.

Estos canallas, con la vieja táctica comunista de dar un par de pasos hacia adelante (o tres, o cuatro, … o veinte) y uno hacia atrás, o con la técnica de la pitón para atrapar a su víctima y matarla por asfixia a base de ir aumentando poco a poco la presión, casi sin que se dé cuenta, van a conseguir lobotomizar a toda la sociedad y hacernos creer a todos que entre 1931 y 1975 hubo unos, los suyos, personas pacíficas, bondadosas, altruistas, “demócratas” –lo que hoy en día es el ‘summum’ de las virtudes civiles– y amantes de la justicia y la libertad, y que todos los demás, incluidos las decenas de miles de inocentes masacrados, eran unos fascistas genocidas y totalitarios. El mundo al revés. Y si esto sigue adelante, en una o dos generaciones esa gran patraña habrá calado tanto en la mente de los españoles –incluidos aquellos que tienen en su árbol genealógico una o varias víctimas del terror rojo entre los que, por ejemplo, tengo entendido que se encuentra el diputado Ortega Smith–, que ya no será necesaria ninguna ley de mentira histórica, pues la mentira se habrá convertido en una “verdad” incuestionable.

Que nadie piense que esto termina aquí. El siguiente paso –que ya está en marcha– es incluir a la Iglesia católica y a todos los católicos en lo que ellos llaman “el franquismo” (donde también incluyen a Don Pelayo, a Isabel la Católica y al almirante Cervera, por ejemplo), para lo que ya han rescatado el término de “nacionalcatolicismo” que cada vez usan con más frecuencia, y en consecuencia aplicar a todos los católicos, tengan la ideología política que tengan, las restricciones y sanciones que la maldita LMH ya impone a los que ellos encuadran en la categoría de “fachas”, para conseguir lo que no consiguieron sus abuelos cuando el miserable Manuel Azaña dijo aquello de que “España ha dejado de ser católica”. Y más tarde, o a la vez, crearán la correspondiente Gestapo o Stasi–probablemente su embrión es la asquerosa Dirección General para la Memoria Histórica, dirigida por un “Beria” del siglo XXI, un oscuro personaje llamado Fernando Martínez López–; empezarán a colocar “informadores” (comisarios políticos) en los bloques de vecinos, en las empresas y hasta en los bares y los clubes deportivos (son expertos en eso); harán listas de “reaccionarios” (en Berlín se pueden visitar los mastodónticos archivos de la Stasi) y acabarán entrando de madrugada en los domicilios de los “sospechosos” de tener una bandera con el águila de San Juan, o una foto del Generalísimo, o la esquela de su bisabuelo asesinado en Paracuellos, o una estampa del Sagrado Corazón de Jesús, lo que será razón suficiente para detenerle y, de paso, saquear su casa; saben muy bien cómo hacerlo, lo hicieron profusamente hace 83 años. ¿Exagero? … creo que no: ¿quién nos iba a decir antes de 2007 que nos íbamos a encontrar como estamos? Todo llegará, salvo que digamos ¡BASTA!.

Por supuesto, y esta es otra de las bondades –para ellos– de este atropello, cada día habrá más “compañeros” del partido, familiares y amigos dedicados a “salvaguardar la memoria histórica y democrática” (sic) oficial, a chupar del bote y a vivir a costa del resto de los españoles, pues han descubierto aquí otra excelente excusa para montar unas cuantas decenas más de chiringuitos a los que favorecer con generosas subvenciones y, en algún momento –ya han enseñado la patita en ese sentido– determinarán que hay que indemnizar abundantemente a los que ellos decidan que son “víctimas del franquismo”, mecanismo insuperable para continuar desvalijando las arcas públicas en beneficio propio y de sus adláteres (también tienen amplia experiencia en ello).

Esta ley, que limita en el más puro estilo bolchevique una larga lista de libertades individuales reconocidas por la Constitución (libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia, etc) es completamente inconstitucional, además de totalitaria y execrable, pero para que el Tribunal Constitucional se interese por ella es imprescindible que alguno de los que están legitimados para presentar un recurso de inconstitucionalidad lo haga. El ordenamiento jurídico español establece que solo pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo o (al menos) 50 diputados y/o senadores. Dado que los dos primeros no lo van a hacer, por razones que no hace falta explicar, solo queda la tercera posibilidad. La única forma de parar este atropello es que (al menos) 50 diputados y/o senadores presenten un recurso de inconstitucionalidad, y esto solo lo pueden hacer el PP y Vox, pues doy por hecho que los “socialdemócratas-liberales-progresistas-oportunistas-veletas-cretinos” de Cs no lo van a hacer.

Tanto PP como Vox tienen la obligación inexcusable de oponerse por todos los medios a su alcance no solo a la nueva propuesta de Ley, sino a la propia Ley 52/2007. Los primeros (PP) porque en su día (campaña electoral de 2016) prometieron derogar la LMH, incumpliendo su promesa, y porque un elevado porcentaje de sus votantes son descendientes de los que ahora se pretende vilipendiar y demonizar; los segundos (Vox) porque esa es una de las cuatro o cinco cosas que prometieron con rotundidad en la pasada campaña electoral y por las que muchos les votamos; y ambos, porque son los únicos que lo pueden hacer, de modo que si no lo hacen serán cómplices de esta salvajada, además de unos miserables cobardes. Sería bochornoso que los señores Casado y Abascal pasaran a la historia como unos nuevos “Gil Robles”.

Hasta la fecha tanto PP como Vox (especialmente el primero) se han “puesto de perfil” en este asunto, por ese complejo de inferioridad frente a la izquierda que tienen y que les impide hacer o decir nada que se salga de lo políticamente correcto o del pensamiento único dominante, complejo del que parece que se están empezando a contagiar algunos muchachos de Vox, y también por esa irresponsable costumbre de hacer y decir exclusivamente lo que les mandan sus nocivos asesores en base a las encuestas y los sondeos de ese lunes, pero ya no pueden seguir inhibiéndose. Es hora de decir ¡BASTA!, de plantarse con todas las consecuencias.

Los ciudadanos de a pie, los sufridos y repetidamente engañados votantes, también debemos decir, alto y claro, ¡BASTA!Nuestras armas para la defensa son bastante limitadas, sin considerar –claro está– actuaciones que por ahora son impensables y no deseadas por nadie por las consecuencias que tendrían pero que –si esto sigue así– algún día habrá que poner en marcha. En primer lugar debemos exigir que los cargos electos cumplan sus compromisos y penalizarlos en las urnas si no lo hacen, y en segundo lugar hay que poner en marcha una campaña de resistencia civil (pacífica… o no) contra las inaceptables imposiciones de esta tiránica ley y contra los que la promueven. Cuanto más mientan ellos, más tenemos que repetir nosotros la verdad, hasta que nos duela la boca y sin temor a las represalias.

Y hay otras instituciones que también deben poner de su parte. ¿Qué pasaría si S.M. el Rey–que está en el trono porque quisieron que así fuera esos a los que criminaliza esta putrefacta ley– se niega a sancionar con su firma este abuso de poder? ¿Qué pasaría si 15 o 20 coroneles se atrevieran el próximo 20 de noviembre, con conocimiento y permiso de la superioridad, a izar en sus regimientos la enseña nacional con el águila de San Juan en recuerdo y homenaje al Generalísimo y a todos los Caídos por Dios y por España? ¿Qué pasaría si el general jefe de la brigada de la Legión, en los actos conmemorativos del centenario de la fundación de la misma y en presencia del Rey, hiciera un elogio totalmente merecido a uno de sus fundadores, el general Franco? ¿Qué pasaría si los jueces actuaran con rigor constitucional y prontitud ante cualquier recurso presentado por un ciudadano o una institución afectadas por esta insoportable ley y diera razón al recurrente? ¿Qué pasaría si unos cuantos alcaldes decidieran restituir al lugar que les corresponde las lápidas que recogen los nombres de los asesinados por el Frente Popular en su localidad? No lo sé, tiendo a pensar que no pasaría nada realmente grave e irreversible, pero lo que si sé, es que si no hacemos nada, si tragamos una vez más con un desafuero como este, si no decimos ¡BASTA!, dentro de uno, dos o cinco años estaremos como en Cuba, como en Corea del Norte … o como en la España de 1936.

El tiempo se acaba. Como a las reses que llevan al matadero, a nosotros ya nos están metiendo en la manga al final de la cual nos espera el puntillero; o nos salimos de ella, por los medios que sean, o el futuro que nos espera será muy, muy negro.