Mucho se está hablando sobre la situación de bloqueo en la que se encuentra España y que están sufriendo sus ciudadanos desde las elecciones generales del pasado día 28 de abril. El intento fallido de investidura de Pedro Sánchez, que fue propuesto como candidato a la Presidencia del Gobierno, debería haber impulsado nuevas candidaturas en los términos del artículo 99 de la Constitución, pero Felipe VI ha preferido no realizar nuevas rondas de contacto con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria mientras el actual presidente del Gobierno en funciones no desarrolle las negociaciones que puedan servir para que haya una investidura exitosa para Pedro Sánchez.

 

Felipe VI ha sido criticado por no empujar al líder del PSOE para que inicie las conversaciones que le puedan llevar a conseguir la Presidencia del Gobierno, ya que, según algunos, no está haciendo lo necesario para que las actividades parlamentarias y gubernativas puedan desarrollarse adecuadamente. Sin embargo, podría haber sido igualmente criticado si hubiera presionado a Pedro Sánchez para hablar con Unidas Podemos y con los partidos políticos nacionalistas y alcanzar un acuerdo con esas formaciones. En ambos casos, se le podría haber atribuido al monarca una actitud carente de la imparcialidad que debe caracterizar al Jefe del Estado, que, según el artículo 56 de la Constitución, es símbolo de su unidad y permanencia y se encarga de arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones, debiendo destacarse necesariamente que Felipe VI no puede realizar actos de naturaleza política al quedar la soberanía nacional en manos del pueblo español, cuyos representantes deben, en el sentido de los artículos 1.3 y 66 de la Constitución, encargarse de dar impulso a las decisiones cuyo contenido dependa exclusivamente de los partidos políticos en los términos del artículo 6 de la norma fundamental.