El Tribunal de Cuentas ha condenado a Artur Mas y a otros acusados por el referéndum del día 9 de noviembre de 2014 a devolver 4,9 millones más intereses, que fueron gastados para organizar y celebrar la consulta ilegal que se produjo en Cataluña. La cifra total supera los 5,2 millones conforme a lo indicado por la Abogacía del Estado.

 

Hay que tener presente que la resolución mencionada señala que se desviaron fondos públicos de un modo ilícito para actividades no establecidas en los Presupuestos Generales de Cataluña, como parece que se ha estado haciendo para conseguir la secesión por los dirigentes independentistas catalanes que han sido acusados por malversación de caudales públicos y por otros delitos. Precisamente, la condena por responsabilidad contable a los dirigentes catalanes que organizaron la votación ilegal del día 9 de noviembre de 2014 resulta reveladora. Realmente, sirve para preguntarse porque no hubo acusación por malversación de caudales públicos contra Artur Mas, que, en el caso de haber sido condenado por ese delito, habría ingresado en un centro penitenciario.

 

El delito de malversación de caudales públicos, según la Sentencia del Tribunal Supremo 19/2018, siempre ha sido “entendido como sustracción del dinero público para realizar una obra privada" o para destinar "un dinero público a un fin privado”. Además, hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal Supremo 362/2018 indica que la “jurisprudencia tradicionalmente viene admitiendo (STS 238/2010 de 17 de marzo, 228/2013 de 22 de marzo) la naturaleza pluriofensiva de este delito, manifestada, de un lado, en el aspecto de la infidelidad del funcionario público que se plasma en la violación del deber jurídico de cuidado y custodia de los bienes que tiene a su cargo, con vulneración de la fe pública o la confianza en la correcta actuación administrativa, y de otra parte, en su dimensión patrimonial en cuanto atenta contra los interés económicos del Estado o contra la Hacienda Pública (STS 687/99 de 10 de mayo)”. Como establece la Sentencia del Tribunal Supremo 232/2018, la comisión del delito de malversación de caudales públicos, en el momento de los hechos de 2014 y hasta poco antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, requería una sustracción de caudales públicos con conocimiento e intención para que el autor pudiera disponer de los mismos, apartándolos de su destino o desviándolos para hacerlos propios.

 

Parece que quería evitarse la entrada en la cárcel de Artur Mas, posiblemente porque se temía que generase más odio en los independentistas. Sin embargo, aunque hubiese causado mayor rechazo entre los secesionistas frente a las instituciones estatales, también habría servido para implantar el respeto al Código Penal, que es unos de los elementos que están faltando para acabar con la crisis provocada por el independentismo catalán.