El Auto de la Sección 2ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2019 plantea al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad respecto de los artículos 107.1, 107.2 a ) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan la plusvalía municipal, por su eventual oposición a los principios de capacidad económica y, específicamente, de prohibición de confiscatoriedad, que proclama el artículo 31.1 de la Constitución, en un caso en el que se celebró un contrato de compraventa de un bien inmueble efectuada en el año 2002 por un precio de 149.051 euros, siendo transmitido en el año 2015 por un importe de 153.000 euros, por el que la plusvalía obtenida fue de 3.949 euros, ascendiendo la cuantía del importe a pagar por el impuesto a 6.902,25 euros, una cantidad muy superior al beneficio obtenido por la venta del bien.

 

Según la Sentencia del Tribunal Constitucional 26/2017, de 16 de febrero, “Con relación a la prohibición constitucional de confiscatoriedad del art. 31.1 CE hemos señalado que "obliga a no agotar la riqueza imponible -sustrato, base o exigencia de toda imposición- so pretexto del deber de contribuir, lo que tendría lugar si mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades, con lo que además se estaría desconociendo, por la vía fiscal indirecta, la garantía prevista en el art. 33.1 de la Constitución [el derecho a la propiedad privada]" [ STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 23; también SSTC 150/1990, de 4 de octubre , FJ 9 ; 14/1998, de 22 de enero, FJ 11 B), y 242/1999, de 21 de diciembre, FJ 23; y AATC 71/2008, de 26 de febrero, FJ 6 ; 120/2008, de 6 de mayo, FJ 1 ; y 342/2008, de 28 de octubre , FJ 1]”. La interdicción de confiscatoriedad opera, de una parte, como reverso del principio de capacidad económica para gravar exclusivamente manifestaciones de riqueza reales o potenciales sin agotar la riqueza imponible que está en la base de la imposición so pretexto del deber de contribuir, y, de otra parte, constituye un límite infranqueable a la progresividad del entero sistema tributario representando una garantía frente a posibles abusos en la progresividad del sistema. El Auto de la Sección 2ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2019 destaca que “Desde sus primeros pronunciamientos el Tribunal Constitucional ha venido reconociendo en relación con la interdicción de confiscatoriedad que establece el artículo 31.1 CE que "hay quien identifica dicho principio con el de capacidad contributiva, de suerte que sería confiscatorio todo tributo que no se fundara en éste; hay quien considera que es una reiteración del principio de justicia tributaria; y hay finalmente quien opina que constituye un límite -por más que indeterminado y de difícil determinación- al principio de progresividad del sistema tributario" [entre las primeras, en este sentido, SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 9 , y 14/1998, de 22 de enero, FJ 11 B)]”.

 

La plusvalía municipal es un tributo que, teóricamente, grava el beneficio obtenido por las transmisiones de bienes inmuebles, pero ha generado durante años cuotas a pagar a las Haciendas locales realmente injustas desde un punto de vista tributario. En un primer momento, hubo un problema grave por su fórmula que ya fue declarada inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, para las situaciones en las que generaba la obligación a pagar por el impuesto aunque no hubiera beneficio con la transmisión del bien. Ahora, habiendo beneficio, la fórmula da lugar a cuotas superiores a la base imponible, que es el valor económico del beneficio obtenido.

 

Ciertamente, el Tribunal Constitucional podría dictar su sentencia para resolver la cuestión de inconstitucionalidad sobre el alcance de la plusvalía municipal acogiendo la argumentación del auto de planteamiento de la cuestión, pues recoge un razonamiento con el que, a la luz de los hechos del caso, debería declararse la confiscatoriedad del impuesto municipal para confirmar que, en muchas ocasiones, las leyes fiscales se hacen pensando en recaudar de una forma ilegítima.