La Audiencia Provincial de Madrid ha comunicado que, por un acuerdo aprobado por la junta de magistrados de las secciones civiles el pasado día 19 de septiembre, se van a limitar los recursos de apelación civil a 25 páginas, que equivalen, con el formato que ha establecido el mismo acuerdo, a 50.000 caracteres. De este modo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han decidido imitar el Acuerdo de Pleno no jurisdiccional sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, de 27 de enero de 2017, determina los requisitos comunes a los recursos de casación y por infracción procesal indicando que “En el desarrollo de cada motivo se expondrán, con la necesaria extensión, los fundamentos del mismo (arts. 471 y 481 LEC)”, destacando que “Una extensión excesiva, en los términos del apartado III.1, puede ser considerada innecesaria y, en consecuencia, puede dar lugar a la inadmisión del recurso”, ya que “La sala considera que, por lo general, es suficiente una extensión de veinticinco páginas con interlineado 1,5 y fuente Times New Roman con un tamaño de 12 puntos en el texto y de 10 puntos en las notas a pie de página o en la transcripción literal de preceptos o párrafos de sentencias que se incorporen”. El acuerdo del Tribunal Supremo tiene su causa en la adopción de una medida introducida por la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que introdujo en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el artículo 87.bis, cuyo tercer apartado señala que “La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación”. Este precepto sirvió para implantar una curiosa facultad para la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, consistente en restringir y concretar los aspectos formales del recurso de casación en el Derecho Procesal Contencioso-Administrativo.

 

Con la limitación del texto del recurso de apelación civil en Madrid, que parece razonable para evitar reiteraciones innecesarias la reproducción de argumentos que nada aportan, se produce una cuestión relevante en torno a la constitucionalidad de la inadmisión por el incumplimiento de la restricción del formato. Es cierto que la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2004, de 23 de marzo, establece que “en cuanto a la aplicación por los órganos jurisdiccionales de los presupuestos o requisitos de admisión de los recursos, nuestro canon, conforme a una consolidada doctrina jurisprudencial, ha consistido en entender vulnerado el derecho de acceso al recurso, como una manifestación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), tan sólo cuando las resoluciones judiciales de inadmisión incurran en irrazonabilidad, error patente o arbitrariedad, únicas circunstancias que determinarían la lesión del mencionado derecho fundamental (SSTC 37/1995, de 7 de febrero, 138/1995, de 25 de septiembre, 142/1996, de 16 de septiembre, 176/1997, de 27 de octubre, 222/1998, de 24 de noviembre, 173/1999, de 27 de septiembre, 181/2001, de 17 de septiembre, y AATC 83/1998, de 20 de abril, 2/2000, de 17 de enero, y 3/2000, de 17 de enero, entre otras resoluciones)”. También hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1995 indica que “corresponde al Tribunal Supremo la última palabra sobre la admisibilidad de los recursos de casación ante él interpuestos, a salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123 C.E.)” y que “la balanza constitucional no puede inclinarse en ningún sentido para optar entre dos soluciones igualmente razonables, sin interferir en el núcleo de la potestad de juzgar cuya independencia de criterio predica la Constitución, ya que el amparo no está configurado como una última instancia ni tiene una función casacional, operantes una y otra en el ámbito de la legalidad”. También hay que saber que la Sentencia del Tribunal Constitucional 100/2009 establece que “así como el acceso a la jurisdicción es un componente esencial del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el art. 24.1 CE, el sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales se incorpora a este derecho fundamental en la concreta configuración que reciba de cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, salvo en lo relativo a las Sentencias penales condenatorias” y que el control “por parte de este Tribunal es, si cabe, más limitado en lo referido al recurso de casación”, pues “su régimen procesal es más severo por su propia naturaleza”.

 

Es difícil afirmar que se podría justificar la inadmisión de recursos de apelación civil por el incumplimiento de los requisitos, pues la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es aplicable al recurso de casación, que es extraordinario, sin que parezca servir para aceptar la constitucionalidad de la admisión de recursos de apelación por el incumplimiento de un acuerdo de magistrados de las secciones civiles de las Audiencias Provinciales. Sin embargo, si que puede resultar verdaderamente útil que haya acuerdos de los juzgados y tribunales sobre recomendaciones para la presentación de demandas y recursos que faciliten la labor de los jueces y magistrados.