El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en un acuerdo de la Sala de Gobierno del pasado día 12 de julio, afirma que “no obstante la bondad del objetivo perseguido por la LO 41/2015, de 5 de octubre, de reducir la duración de la fase de instrucción de las causas penales mediante la fijación de plazos máximos de instrucción, la concreta forma en que se ha regulado esta materia en el artículo 324 LECR produce efectos negativos en la eficacia de la persecución penal, que ya fueron advertidos por el Consejo General del Poder Judicial en su informe de 12/1/2015 al Anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LECR para la Agilización de la Justicia Penal y el Fortalecimiento de las Garantías Procesales”, pues “una modificación legal de tal calado no ha venido acompañada desde su implantación de medidas complementarias de apoyo a los órganos judiciales y fiscalías, tanto en personal como en aplicaciones informáticas adecuadas para la gestión y el control de los plazos máximos de instrucción”, algo que resulta lógico en la medida en que, según el mismo acuerdo, ”se limitan las clases de asuntos susceptibles de ser declarados complejos y, por tanto, de prorrogar el plazo de instrucción de seis meses, a solo aquellos que reúnen determinados y muy exigentes requisitos, con el resultado de que la gran mayoría de asuntos objeto de investigación judicial (un 98,5% de los 80.715 asuntos registrados en todos los juzgados de instrucción de la Región en 2018) deben ser instruidos completamente en el plazo de seis meses, sin posibilidad de prórroga”.

 

La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, siguiendo la propuesta de la Comisión Institucional antes mencionada, para la finalización de la instrucción, se sustituye el exiguo e inoperante plazo de un mes del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por "plazos máximos realistas cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales", con un plazo general de seis meses y uno especial de 18 meses para los asuntos complejos, que provoca la ineficacia de la diligencias de investigación adoptadas con posterioridad a su finalización, causando esta consecuencia jurídica la restricción en la investigación de muchos asuntos, cuyo deficiente análisis puede determinar la imposibilidad de declarar la apertura del juicio oral.

 

Hay que tener presente que el plazo máximo de instrucción ya ha beneficiado a investigados por relevantes casos de corrupción. Un buen ejemplo es el de Pedro Antonio Sánchez López, dirigente del PP que fue presidente de la Región de Murcia entre 2015 y 2017.