Debe tenerse presente que, hace varias semanas, se aprobó una resolución del Parlamento de Cataluña en la que se establece que “El Parlament se compromete, una vez conocida la sentencia, si esta es condenatoria, a trabajar para encontrar soluciones para conseguir su libertad a través de la aplicación de una amnistía como parte de una solución política al conflicto político de Cataluña con el Estado español”. Ya hay conocidos personajes de la política española que pidieron indultos para los líderes secesionistas condenados por la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019 y también son varios los dirigentes políticos que, como Gabriel Rufián, han hablado de una amnistía para ellos, pero esa medida no se puede adoptar, siendo cierto que la amnistía implica la cesación de efectos de la ley penal para un grupo de sujetos en un momento determinado, estableciendo la inexistencia de delito y de pena con carácter excepcional, algo que no ocurre con el indulto, que únicamente supone la cesación de efectos de la condena en lo que al cumplimiento de la pena se refiere.

 

Hay motivos jurídicos suficientes para sostener que resulta imposible poder conceder, conforme a la Constitución Española, una amnistía, que entraña inseguridad jurídica y desigualdad entre los ciudadanos. Enrique Gimbernat afirma, en un artículo titulado “La imposible amnistía”, que “como el art. 62 i) CE regula el derecho de gracia, y no menciona para nada a la amnistía, de ahí se sigue, argumentando a contrario, que esta última ha quedado fuera de la CE, y de ahí se sigue también que, si incluso en referencia al más restrictivo indulto, dicho precepto constitucional introduce limitaciones (prohibición de indultos generales), con mayor motivo tendría que haberlas establecido para la amnistía que constituye una medida de gracia más generosa; y, si no lo ha hecho, es porque ha estimado que no había que establecer limitación alguna, ya que la amnistía como tal -con o sin limitaciones- había devenido inconstitucional”, destacando el mismo autor que “es imposible que lo menos beneficioso (el indulto general) se haya declarado expresamente inconstitucional en la CE y que lo más beneficioso (la amnistía general) no se haya declarado inconstitucional, también de manera expresa, en nuestra Constitución; lo único que puede explicar la no-elevación a rango constitucional de la prohibición de amnistías generales es que, como ya la amnistía individual es contraria a la Constitución, es superfluo especificar constitucionalmente que, con mayor motivo aún, lo es también la amnistía general”. Ciertamente, al no establecerse la amnistía en la Constitución y prohibirse los indultos generales, que generan efectos prácticos análogos a los de la amnistía, no parece adecuado decir que la inaplicación de las leyes penales está permitida, dada la vinculación al ordenamiento jurídico que tienen los poderes públicos, debiendo destacarse, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 101/1983, de 18 de noviembre, que “La sujeción a la Constitución es una consecuencia obligada de su carácter de norma suprema, que se traduce en un deber de distinto signo para los ciudadanos y los poderes públicos; mientras los primeros tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, sin perjuicio de los supuestos en que la misma establece deberes positivos (arts. 30 y 31, entre otros), los titulares de los poderes públicos tienen además un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Constitución”.

 

Además de los motivos jurídicos, hay motivos políticos que desaconsejan pensar en la posibilidad de amnistiar a los líderes secesionistas condenados por la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, con el mismo razonamiento que sería aplicable para hablar de lo poco recomendable que es conceder un indulto para los líderes secesionistas. Ceder y dejar sin efectos la condena establecida por el tribunal presidido por Manuel Marchena supondría un duro golpe para el Estado, que mostraría, de esa manera, signos de debilidad que podrían servir para crear las grietas por las que los independentistas podrían comenzar a derribar la instituciones españolas que tanto desprecian y que siempre han pretendido destruir para lograr sus objetivos, cuya persecución siempre se ha visto incrementada tras las muestras de consideración o de complacencia que ha ido mostrando durante los últimos años el Gobierno estatal.

 

Solo queda esperar y desear que los líderes políticos catalanes que ahora se encuentran en el ejercicio del control de la Generalitat de Cataluña no puedan impulsar, sin consecuencias para ellos, la adopción de medidas que puedan beneficiar a Oriol Junqueras y a sus amigos.