Creíamos días atrás que el Secretario General de la ONU, el socialista portugués Antonio Guterres, con sus ideas peregrinas, como la de abrir de par en par las fronteras europeas a la Migración subsahariana y magrebí, se llevaría el premio 2019 a la ingenuidad o a la malicia de quienes alegremente abogan por algo manifiestamente nocivo y perjudicial, pero se diría que nos hemos quedado cortos. Otra socialista, la ex-presidenta de Chile Michelle Bachelet, que en calidad de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos acaba de pasar por Venezuela - con entrevista cordial con el busero Maduro - para hacer el paripé de que le preocupa la situación de aquel país, pedía ayer mismo en Ginebra que se repatriara a los 55.000 yihadistas y sus familias que se encuentran atrapados en Siria e Iraq. Para que no le tiraran zapatos a la cara - al estilo iraquí - añadió la excepción de que se excluyera de la repatriación a quienes estén siendo juzgados por crímenes contra la Humanidad. Toma castaña.

 

En unas declaraciones efectuadas en la apertura de la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Srª Bachelet basó su demanda de repatriación en el hecho de que, según ella, "La detención preventiva de personas que no han cometido un crimen es inaceptable". Su discurso giró una y otra vez sobre la situación de los yihadistas del Daesh (Estado Islámico) que ahora le preocupan porque están atrapados en el territorio que el Daesh controlaba en Siria e Iraq, pero de los que nunca dijo ni pio cuando - violando las leyes y la seguridad de sus países de origen en el caso de ciudadanos europeos o norteamericanos - promovieron el reclutamiento de yihadistas, recolectaron fondos para el Daesh, huyeron de sus países y se sumaron a unas hordas que durante tanto tiempo no han parado de degollar o quemar vivos tanto a sus enemigos como a los familiares de estos.

 

Pronto quedó claro que la socialista Bachelet, aún preocupada por todos los yihadistas en general, lo estaba más concretamente por el futuro de los que en Siria e Iraq se sumaron al Daesh procedentes de otros países. En su discurso subrayó "la responsabilidad que tienen los estados en garantizar la seguridad de sus ciudadanos y velar para que sean detenidos y juzgados conforme al derechio internacional". Y es que, desde la caída del Estado Islámico hace escasos meses, la comunidad internacional se ha enfrentado al marrón de decidir si procede o no procede repatriar a las familias de los yihadistas muertos o capturados en Siria e Iraq. Y el problema se complica cuando son cerca de 50 los países - España entre ellos - que se convirtieron, voluntaria o involuntariamente, en "emisores" de yihadistas, al mismo tiempo que en sus territorios proliferaban las células de agentes y simpatizantes del Estado Islámico que, en ocasiones, acabaron ejecutando acciones del más clásico y sanguinario terrorismo siguiendo las directrices del Daesh. Muchos de los que primero actuaron en sus respectivos países de origen como propagandistas o meros terroristas se encuentran ahora atrapados en Siria e Iraq diciendo - pobrecitos - que se equivocaron y que desean regresar a casa junto con las familias (también criadas como yihadistas) que procrearon mientras cometían las conocidas salvajadas y excesos sanguinarios del Yihadismo más ortodoxo.

 

Son muchos miles los ciudadanos norteamericanos, británicos, alemanes, franceses o escandinavos que, junto con los de otros países, lucharon en aquel escenario tras un periodo de captación e indoctrinación cuyos efectos mentales no se sabe si siguen en activo. Muchos de los países "emisores", temiendo que puedan regresar y actuar como terroristas, se resisten a aceptarlos, o amenazan con retirarles la nacionalidad, o los encarcelan precautoriamente. Y que son muchos los atrapados queda en claro si se considera que tan sólo en el campamento de desplazados y prisioneros de Al Hol, en manos de los kurdos, se hacinan más de 11.000 presos yihadistas y sus familiares.

 

Para mayor dificultad, los responsables del campo - y las autoridades de muchos de los países "emisores", entre ellos España - dicen no poder comprobar si las esposas de los yihadistas han o no han estado implicadas en actos de terrorismo o delitos de sangre, dado que muchas de ellas colaboraban con el Daesh como vigilantes y, muy frecuentemente, el Estado Islámico utilizó a menores de edad en sus crímenes de guerra. Por el momento, Francia ya ha dicho que no piensa repatriar a sus ciudadanos miembros del Daesh. Tan sólo intervendrían para intentar evitar que algunos de ellos, condenados a muerte en Iraq, sean finalmente ejecutados. Otros países opuestos a la repatriación - quizás los más opuestos - son EEUU y Gran Bretaña. En los medios políticos norteamericanos se baraja la posibilidad de que, si algunos de sus ciudadanos yihadistas regresan al país, se cree para ellos una prisión similar a la que en Guantánamo (Cuba) alberga a los prisioneros de Al Qaeda.

 

Tan feas perspectivas no restaron intensidad a las demandas de Michelle Bachelet, a quien por lo visto el peligro terrorista de repatriar a yihadistas convencidos y resentidos por la derrota de su proyecto de Califato, no parece preocuparle en exceso. Seguramente se pueden contar con los dedos de una mano los yihadistas "emitidos" por Chile. Para la Srª Bachelet, todo Estado de origen de un sospechoso de yihadismo "debe hacer todo lo posible para garantizar que sea tratado de acuerdo al Derecho Internacional», con independencia de los delitos que le imputen y de su inherente gravedad. Para mayor abundamiento, Michelle Bachelet hizo un llamamiento a los Estados para que concedan la ciudadanía de sus países a las esposas e hijos habidos por sus respectivos nacionales durante su tiempo de participación en el Daesh. Aunque la demanda de la ONU pueda enmarcarse en una especie de política-ficción, dada la gran resistencia de algunos países al respecto, lo cierto es que en Siria se cree que existen cerca de 30.000 hijos de padres combatientes que, para colmo, han sido objeto de violaciones de sus DDHH, torturados y adoctrinados, y todo ello complica la adopción de una futura política de por sí muy complicada.

 

Es por ello por lo que podemos entender la preocupación de Michelle Bachelet, siempre que no se minore la preocupación que ya tienen las autoridades de muchos países - entre ellas, las españolas - ante la perspectiva de que empiecen a regresar aquellos que huyeron a guerrear a favor del Daesh, y lo hagan demencialmente adoctrinados y dispuestos a prolongar en sus países de origen la guerra de terrorismo y salvajadas que parece estar concluyendo en Oriente Medio. Tal y como están las cosas en el mundo, nadie quiere en su tierra nuevos focos de yihadismo terrorista que - como concepto per se - sigue vivito y coleando aunque sus viejos amos del fracasado Califato anden huyendo como almas en pena.

 

Como comentario ad latere es curioso consignar que toda esta historia de yihadistas con derechos, de invasiones migratorias y de componendas soristas para socavar los cimientos de las naciones europeas y convertirlas en canteras de barata mano de obra "menos blanca", siempre acabe siendo cosa de iluminados socialistas - sea el portugués Guterres, la chilena Michelle Bachelet, la incombustible Frau Merkel, el petimetre de Emmanuel Macron y nuestro "señorito en funciones" Pedro Sánchez. A los socialistas sólo les importa hacer ostentación de progredumbre y llenarse los bolsillos cuando pueden, pero muy poco les importa la integridad de las naciones, ni su seguridad ciudadana, ni la salvaguardia de sus valores tradicionales. Por qué siempre acaban siendo socialistas los que hipotecan el futuro de sus países es un misterio para el que la ONU - siempre tan incordia con sus planes - aún no parece haber encontrado solución. Tratándose de socialistas, es más que aconsejable no hacerles mucho caso.