Javier Maroto, por la manifestación desarrollada en Madrid por los independentistas catalanes el pasado día 16 de marzo, afirmó en Twitter que “esto está pasando ahora mismo en Madrid” y que “Carmena en Madrid y Sánchez en la Moncloa lo permiten”, indicando a continuación que “con Pablo Casado esto no volverá a suceder nunca”. Por ese comentario se ha iniciado un pequeño debate por el que Javier Maroto quiso explicar el contenido de sus palabras.

 

Se puede pensar en la posibilidad de prohibir la manifestaciones secesionistas. Sin embargo, la misma es absolutamente inviable.

 

El artículo 21.1 de la Constitución establece que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, que no requerirá autorización previa, siendo cierto que en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, debiendo destacarse que ese derecho se encuentra regulado en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, que impone límites que justifican que la autoridad gubernativa pueda suspender o disolver las reuniones y manifestaciones si se consideraran ilícitas. La Sentencia del Tribunal Constitucional 177/2015, de 22 de julio, que indica que “El enjuiciamiento que debe desarrollar el juzgador penal en relación con este tipo de delitos debe tener también muy presente el criterio de la proporcionalidad, que tiene especial aplicación cuando se trata de proteger derechos fundamentales frente a limitaciones o constricciones, procedan estas de normas o de resoluciones singulares”, siendo cierto que, “Conforme a este principio, debe negarse legitimidad constitucional a las limitaciones o sanciones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales de forma poco comprensible de acuerdo con una ponderación razonada y proporcionada de los mismos y exigir que toda acción penalmente deslegitimadora del ejercicio de un derecho fundamental, adoptada en protección de otro derecho fundamental que se enfrente a él, sea equilibradora de ambos derechos y proporcionada con el contenido y finalidad de cada uno de ellos (STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4)”.

 

No es posible tener presente la opción de impedir mediante una reforma legal la celebración de manifestaciones de los independentistas por dos motivos. Por un lado, una modificación normativa en ese sentido ocasionaría más problemas de los que resolvería y le daría munición ideológica a los secesionistas para deteriorar la imagen de España en la comunidad internacional. Por otro lado, una modificación para prohibir las manifestaciones independentistas sería declarada inconstitucional, ya que la Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2008, de 29 de enero, establece que “en nuestro sistema no tiene cabida un modelo de “democracia militante” que imponga la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución (SSTC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7, y 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4)”, pues “nuestro régimen constitucional se sustenta, por circunstancias históricas ligadas a su origen, en la más amplia garantía de los derechos fundamentales, que no pueden limitarse en razón de que se utilicen con una finalidad anticonstitucional”.

 

Hay que hablar menos sobre las manifestaciones secesionistas y más sobre sus causas, que se encuentran en la falta de diligencia del PP y del PSOE, que, por aprovechar los apoyos de los partidos independentistas, promovieron su crecimiento.