Se ha presentado y admitido un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2019, de 4 de abril, de modificación de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. Esta ley es el fruto del acuerdo entre el Gobierno nacional y el Gobierno vasco para desistir en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el segundo Gobierno de Mariano Rajoy contra la Ley vasca 12/2016 a cambio de reformar la norma de modo que no contravenga el artículo 117 de la Constitución, pacto al que se llegó por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que alcanzó un acuerdo el día 30 de julio de 2018 para constatar la posibilidad de supresión de los obstáculos constitucionales.

 

En un primer momento, la Ley del Parlamento Vasco 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, fue objeto del recurso de inconstitucionalidad 2336/2017, que fue promovido por el presidente del Gobierno nacional, así como de una suspensión parcial por el Tribunal Constitucional, mediante el Auto de 3 de octubre de 2017, que afectó a los artículos 2.3, último inciso del 2.4, 4.2.c), 7.1, 14.1, apartados c), d) y e) del 14.2, 14.4, 14.8 y a la Disposición adicional sexta.

 

La Ley vasca 5/2019 modifica los artículos 2, 4, 7 y 14 de la Ley vasca 12/2016 y suprime la Disposición adicional sexta de la norma de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. las modificaciones afectan de manera específica a los preceptos que han sido objeto de controversia en el Tribunal Constitucional.

 

Merece la pena revisar los cambios normativos producidos en la ley 12/2016. En el artículo 2, que regula el ámbito de aplicación, se incluye una referencia al hecho de que la acreditación de los hechos ilícitos no podrá desconocer en modo alguno lo ya resuelto por la jurisdicción penal. En el artículo 4, que regula los principios de actuación, se modifican expresiones de los preceptos para que no sea posible operativamente ninguna intromisión en la esfera individual de las personas que pudieran verse relacionadas con los expedientes que se tramiten al amparo de la Ley 12/2016, y se introduce un nuevo principio de preservación de la jurisdicción penal en la investigación de las conductas que pudieran ser constitutivas de delito. En el artículo 7 , que regula el derecho a la verdad, se modifican las previsiones sobre colaboración de los poderes públicos vascos con los órganos del Gobierno Vasco encargados de la gestión del programa de la Ley 12/2016, para que resulte menos intensa y se conciba asociada exclusivamente con el buen fin de los expedientes administrativos, todo ello a fin de que no pueda entenderse que se vulneran competencias judiciales. En el artículo 14, que regula la instrucción, se modifica la expresión de la funcionalidad de la Comisión de Valoración, a fin de que se suprima la llamada a actuaciones de oficio y que quede claro que la comisión actúa o se dirige a las personas con la premisa insoslayable de salvaguardar siempre los derechos al honor, a la presunción de inocencia y a la protección de los datos de carácter personal; y sin que la colaboración que reciba contemple ninguna misión de esclarecimiento de hechos, sino una exclusiva disposición para la más completa resolución de los expedientes. Finalmente, se suprime la Disposición adicional sexta porque la operatividad del programa que promueve la ley se aleja de toda valoración del episodio fáctico que se aporte como soporte del expediente administrativo, por lo que pierde su sentido toda regulación centrada en la presencia del elemento de la culpabilidad.

 

Es muy posible que se declare la constitucionalidad de la Ley vasca 5/2019 con la condición de que se interprete de la manera indicada por el Tribunal Constitucional para que se ajuste a la Constitución. El problema es que ello no evitaría que se terminara haciendo una aplicación arbitraria de una norma legal vasca que no se necesita y que se ha creado para crear un relato histórico que sirve para satisfacer las pretensiones de los independentistas vascos y de sus socios.

 

Debe destacarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional 89/1983, de 2 de noviembre, determina que “es absolutamente claro que la facultad de interpretar y aplicar la Ley penal, subsumiendo en las normas los hechos que se llevan a su conocimiento, corresponde a los tribunales de ese orden (art. 117.3 de la C. E.)”, necesitándose la intervención de un órgano jurisdiccional que aplique las normas procesales con todas las garantías, entre las que se incluye la presunción de inocencia. Estas ideas se encuentran muy difuminadas en la Ley vasca 12/2016 tras su reforma y, por eso mismo, se necesita irremediablemente que se declare su inconstitucionalidad.