La Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente, introduce el artículo 382 bis en el Código Penal, que regula el delito de abandono del lugar del accidente estableciendo que el conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2, que se refiere a las lesiones imprudentes, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente. Los hechos contemplados en este precepto serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años si tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor, pero si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito, le corresponderá al autor una pena de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años.

 

El nuevo delito de abandono del lugar del accidente es un buen ejemplo de mala técnica legislativa y de reiteración normativa problemática, ya que sanciona una conducta que ya estaba castigada por la normativa penal española. El artículo 195.3 del Código Penal señala que el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de prisión de seis meses a 18 meses si la víctima hubiera sufrido un accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, imponiéndose la pena de prisión de seis meses a cuatro años si el accidente se debiere a la imprudencia del que omitió el auxilio.

 

Según el Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2019, con el delito de abandono del lugar del accidente del artículo 382 bis del Código Penal se quiere castigar la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico, evitando el concurso de normas entre este tipo penal y el delito de omisión del deber de socorro del artículo 195.3 del Código Penal para los casos de lesiones a través de la previsión contenida en el texto, de subsidiariedad de este delito respecto del aquél, refiriéndolo a los casos de personas que sufran lesiones graves pero en las que no concurran los requisitos del peligro manifiesto y grave que exige la omisión del deber de socorro. El problema es que va a ser complicado castigar conductas por el artículo 195.3 del Código Penal, pues los hechos se van a ajustar, en la gran mayoría de los casos, al artículo 382 bis, que, teniendo una configuración excesivamente compleja, sirve, principalmente, para imponer penas más altas que las que antes se podían imponer con la aplicación del artículo 195.3.

 

Ciertamente, el delito de abandono del lugar del accidente constituye un nuevo hito en la degradación técnica que el Código Penal está sufriendo desde hace años por culpa de las ansias de legislar rápidamente con la única finalidad de contentar a los ciudadanos.