En el «BOE» número 314, de 31 de diciembre de 2019, se puede observar, estudiando las páginas 143777 a 143801 del documento, una orden ministerial del Ministerio de Hacienda con el título más largo de la historia. Concretamente, el acto normativo se denomina como la Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, por la que se modifican la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se aprueban los modelos 123, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos 124, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los modelos 194, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, la Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario, la Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba el modelo 280, “Declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo”, la Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia. Al leer las diez primeras palabras del título de la orden cualquier puede perderse, motivo por el cual José Ramón Chaves ha llegado a afirmar en un artículo, “el tamaño del título de la norma importa”, que “será utilizado como técnica de hipnosis, somnífero, prueba de agudeza visual, o ejemplo de tortuosa jerga oficial”.

El problema es que el título de toda norma debe saber condensar en pocas palabras la finalidad de la misma, logrando que cualquiera pueda comprender qué se pretende conseguir con la aprobación de la nueva norma. La Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, solo puede producir en el que la pretende analizar a partir de tu título confusión, algo muy perjudicial en las normas de Derecho Público y peligroso en lo que al Derecho Financiero se refiere.

Observando el preámbulo de la Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, se encuentra una afirmación que ayuda a despejar las dudas sobre el contenido de la norma, pues se establece e que "La obtención de una información fiscal lo más precisa posible por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria requiere de una actualización de la misma a la realidad de cada momento, de tal forma que incida lo menos posible en el cumplimiento de la obligación de información que supone para los obligados tributarios". Una declaración tan precisa y concisa como esa lleva a preguntarse cómo es posible que el redactor no pusiera como título de la orden alguno que se refiriese más claramente a la modernización o actualización de diversas normas en materia de deberes información para los obligados tributarios.

La adecuada redacción de los títulos de las normas se encuadra como un elemento esencial de la seguridad jurídica. Según la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/1990, de 15 de marzo, que “La exigencia del 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas”.

Es de agradecer que en las leyes y en los decretos-leyes no se haya encontrado detalle por el que se pueda pensar en la introducción de numerosas palabras para sus títulos aunque modifiquen una gran cantidad de normas. Hay numerosos ejemplos, aunque se pueden destacar la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que modificó 47 leyes estatales, y el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que alteró el contenido de 26 leyes.

En cualquier caso, habría que exigir una mayor claridad en las normas, por fuera y por dentro, para evitar marear a los ciudadanos, a los que, en definitiva, se dirigen sus efectos directa o indirectamente.