En los años 30 del siglo pasado, tres judíos holandeses apellidados Strauss, Perlowitz y Lowan inventaron un juego de ruleta eléctrica con el cual la banca se aseguraba ganar cuando le daba la real gana, dado que un botón controlaba la rueda sobre la que discurría la bolita y, al accionarlo, podía detenerla en cualquier momento. El dispositivo terminó siendo prohibido en Holanda, y en 1934 sus autores decidieron introducirlo en el casino de San Sebastián —previo soborno a un sobrino de Lerroux, a la sazón jefe del Ejecutivo español—, donde pronto se descubrió el engaño que encerraba ese artilugio conocido como Straperlo. Aquel timo menor sería alzado a la categoría de escándalo nacional por las izquierdas, cuya campaña azuzando el fantasma de la corrupción de las derechas acabaría llevándose por delante al Partido Radical y serviría de caldo de cultivo de lo que pasaría en las elecciones de febrero de 1936, ésas que mediante la manipulación de las actas otorgaron el triunfo al Frente Popular como preludio de la Guerra Civil.

 

Por todos son archiconocidos los sucesos acaecidos la tarde del lunes 23 de febrero de 1981: a las 18:23, un grupo de guardias civiles bajo las órdenes del Teniente Coronel Antonio Tejero Molina penetraba en el Congreso de los Diputados, donde a esa hora se estaba celebrando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo Presidente del Gobierno, tras la dimisión de Suárez apenas un mes antes. Para la posteridad quedaron el “¡Quieto todo el mundo!”, los tiros al techo del Hemiciclo —37 impactos contabilizados— y el forcejeo entre Tejero y Gutiérrez Mellado, imágenes todas ellas captadas por una cámara de televisión que su operador había dejado en funcionamiento para encubrir su momentánea estancia en el bar del Parlamento. Pero ¿qué fue realmente el 23-F? Casi cuarenta años después, esa pregunta del millón sigue constituyendo uno de los secretos mejor guardados de nuestra Historia más reciente. Valga por delante, pues, que sólo con la modestia de simples conjeturas será posible acercarnos al trasfondo del asunto; documentadas, verosímiles y fundamentadas si se quiere, pero conjeturas al fin y al cabo.

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Para empezar, debemos situarnos en el contexto sociopolítico de la época. Transcurridos únicamente seis años desde la muerte del Generalísimo, el panorama patrio había dado un giro de 180 grados: a finales de 1976 las Cortes franquistas se practicaban el harakiri aprobando la Ley para la Reforma Política, que aniquilaba los últimos vestigios del régimen anterior; en abril de 1977 —un Sábado Santo, para más inri— Suárez traicionaba su palabra dada poco antes a la cúpula militar y legalizaba el Partido Comunista, quizá el instante más crítico de toda la Transición; y en diciembre de 1978 entraba en vigor una Constitución que se sacó de la chistera el Estado de las Autonomías, germen de ese café para todos que acabó disolviendo la unidad de España en azucarillos de taifas, contando para ello con la inestimable ayuda de una normativa electoral que concedía una representación desproporcionada a los mal llamados partidos nacionalistas. Mientras tanto, el terrorismo de los grupos de extrema izquierda continuaba tiñendo de sangre las calles de nuestros pueblos y ciudades, como demuestra el número de asesinados por ETA durante esos años: 65 en 1978, 76 en 1979 y 89 en 1980; la inmensa mayoría de esas víctimas eran militares, guardias civiles y policías, cuyos féretros se sacaban a escondidas por las puertas laterales de las iglesias donde se oficiaban deprisa y corriendo sus funerales para afrenta de la memoria de las propias víctimas, para escarnio de sus familiares y para humillación de toda una Nación.

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Ante semejante estado de las cosas, el 23-F ha de interpretarse como una maniobra para reconducir la deriva que había tomado la política española; y sólo bajo ese prisma podrá valorarse correctamente lo que movió a Tejero a dar un paso tan importante. El CESID —el organismo de inteligencia antecesor del actual CNI— puso en marcha la Operación De Gaulle, llamada así en alusión a la manera en que se zanjó en 1958 la gravísima crisis guerracivilista desatada en Francia por obra y gracia del proceso independentista argelino: atribuyéndose el General francés plenos poderes con el plácet de los partidos galos e instaurando la V República.

 

La posibilidad de que el Ejército interviniera en España fue barajada desde 1980, si bien nuestros antecedentes requerían no precipitar un remedio más nocivo que la enfermedad que pretendía curarse. Así que, para darle a la trama ideada una apariencia de mal menor, el CESID optó por articular un plan dividido en dos fases: un detonante de gran magnitud, que consistiría en la toma del Congreso de los Diputados por un militar; y una vuelta a la normalidad mediante su posterior liberación por otro oficial de mayor graduación que, tras negociar una salida airosa para los ocupantes, propondría a los representantes de la Cámara Baja un gobierno que incluyera a militares y a civiles de distinto signo ideológico. En suma, la crisis nacional que se respiraba en el ambiente encontraría su salvación a manos de quienes iban a montar un desaguisado que a continuación tendrían que enmendar… Un lío digno de folletín, si no fuera por la gravedad que encerraba el problema.

 

Si para la primera fase se había escogido a Tejero, para la segunda el elegido fue el General Alfonso Armada. En aras de que no apreciara su actuación como una simple pantomima —a la cual se habría negado—, los intríngulis políticos de esta segunda fase debían serle ocultados a Tejero; su misión una vez penetrado en el interior del edificio se limitaría a impedir la salida de los diputados y esperar a que arribara ese superior que cogiera las riendas de la situación. Dicho de otra forma: en esa traicionera escenificación de la táctica del poli malo/poli bueno, a Tejero le tocó ser el cabeza de turco. Algo que él mismo dejó bien claro en el juicio celebrado en Campamento en 1982, cuando respondió al Fiscal Togado: Mi General, lo que yo quisiera es que alguien me explique lo del 23-F… porque yo no lo entiendo”.

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Hasta la irrupción de Tejero en el Congreso, todo estaba saliendo según el guion diseñado. A partir de ahí debía entrar en liza la segunda fase de la Operación De Gaulle: la Solución Armada; de hecho, desde la tribuna de oradores un Capitán tranquilizaba a sus señorías y les anunciaba que no tardaría en llegar “la autoridad competente, militar por supuesto, que será la que determine qué es lo que va a ocurrir—el famoso Elefante Blanco que habría de identificarse ante Tejero con la consigna Duque de Ahumada”—. Pero poco después, a las 19:30, la maquinaria accionada por los servicios secretos del Estado sufriría el primer imprevisto: el Teniente General Milans del Bosch, jefe de la III Región Militar con sede en Valencia, dictaba un bando en virtud del cual asumía en su demarcación el poder judicial y administrativo y el mando sobre los Cuerpos de Seguridad del Estado, militarizando los servicios públicos de interés civil y prohibiendo las huelgas y todas las actividades de los partidos políticos. Esa proclama la acompañaba de una medida tangible: sacando los tanques a las calles de la capital del Turia.

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A las 23:50, Armada se dirigió a la Carrera de San Jerónimo. Tras invocar la contraseña “Duque de Ahumada” —es decir, tras presentarse como la autoridad militar competente a la que se aguardaba—, lo primero que le exigió a Tejero es que sacara las fuerzas del Congreso y dejara libres a los diputados que estaban en sus escaños; luego, le expuso la constitución de un gobierno de concentración presidido por el propio Armada y del que formarían parte políticos del PSOE —Felipe González sería Vicepresidente Político, Peces-Barba ministro de Justicia, Enrique Múgica de Sanidad y Javier Solana de Transportes y Comunicaciones— y hasta del PCE —Ramón Tamames aparecía como ministro de Economía y Jordi Solé Tura de Trabajo—. Una vía a la que Tejero se opuso en rotundo, por cuanto las instrucciones que él tenía pasaban por un gobierno estrictamente castrense en obediencia al mandato regio que creía estar siguiendo al pie de la letra: “Esto no es lo tratado ni para lo que nos hemos comprometido”, le contestó. Armada no se dio por vencido en sus propósitos de presidir un gobierno multipartidista e insistió en ello a Tejero, brindándole un avión para que pudiera abandonar España junto a su familia sin represalia alguna. El Teniente Coronel le volvió a dar largas: “La otra noche me ordenó que ocupara el Congreso… ¡y hoy me ofrece un avión!”. Ante este revés inesperado —el segundo contratiempo serio de la jornada—, Armada telefoneó a Milans informándole sobre la tozuda resistencia con que acababa de toparse; el Capitán General de Valencia —ajeno a ese gobierno mixto que se había sacado de la manga Armada— intercedió para que Tejero reconsiderara su negativa y transigiera en la propuesta, pero éste fue tajante: No me puede ordenar ni pedir eso, mi General; antes que aceptar una cosa así, prefiero morir”. Y en ese momento, definitivamente, lo que murió fue la Solución Armada. Sin espacio para las dubitaciones, y sin alternativa sobre la mesa, tocaba inventarle un colofón decoroso al monstruo creado.

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A la 1:30 del ya 24 de febrero, Televisión Española emitió el célebre mensaje de Juan Carlos I. Un mensaje grabado alrededor de las 22 horas en su despacho del Palacio de la Zarzuela —antes incluso de que Armada hubiera acudido al Congreso y, por tanto, antes de frustrarse la Operación De Gaulle— y cuya ambigüedad encajaba en cualquiera de los posibles desenlaces que hubiera adoptado el complot urdido: “He ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente” y “Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor”, rezaban los párrafos segundo y tercero de los cuatro que contenía el discurso.

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Finalmente, el 23-F se resolvió al mediodía siguiente con un aparente y estrepitoso fracaso. Las fuerzas políticas —esas mismas que en los meses previos, por boca directa de Armada, habían estado al tanto de todo lo que se estaba cociendo— se congratularon por la victoria de la democracia y erigieron al Rey en adalid de la defensa constitucional. Los tres principales protagonistas de la asonada fueron condenados a 30 años de prisión. Armada y Milans del Bosch serían indultados y excarcelados en 1988 y 1990, respectivamente; Tejero saldría en libertad condicional en diciembre de 1996.

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Dejando a un lado la versión oficial de los hechos, cabe volver a preguntarse qué fue en realidad el 23-F, porque resulta imposible creer que sus muñidores tejieran una chapuza tan simple y burda como la que se llevó a la práctica. ¿Pudo tratarse de un autogolpe orquestado por el CESID a la mayor gloria de Juan Carlos I para arrancarle el lastre de ser heredero de Franco a título de rey, pasando a convertirse a partir de entonces para la opinión pública en el principal valedor de la democracia española? Una manera indigna de hacerse perdonar, al más puro estilo borbónico; pero probable, qué duda cabe. ¿No sería sino una acción para estigmatizar al Ejército y así poder decapitar paulatinamente a unas Fuerzas Armadas que en 1981 aún estaban copadas por militares que habían ganado la Guerra Civil? La jugada sería un guiño a la izquierda, pues no en vano estaba claro que el PSOE iba a gobernar España en cuanto se celebraran elecciones generales. ¿Se debió quizás a una conjunción de ambas tretas? Desenmascarando a unos cuantos y supuestos golpistas involucionistas, el Rey ya podría ser Jefe de un Estado realmente democrático moldeado en el futuro a los caprichos de esa progrez gobernante a la que todo lo que huele a cuartel le produce sarpullidos. Y un último interrogante: admitiendo la hipótesis de que el plan pergeñado por el CESID únicamente contemplara enderezar los derroteros por los que deambulaba la Transición, ¿se fue al traste por la sola razón de que no contó con el presumible rechazo de Tejero a un gobierno que incluyera a socialistas y comunistas? O lo que es lo mismo: ¿qué habría ocurrido si Tejero hubiera aceptado la Solución Armada?

 

Sea como fuere, todo parece indicar que la apuesta del 23-F era a caballo ganador. Como en aquel amañado juego de ruleta de los años 30 del siglo pasado llamado Straperlo, se trataba de que el crupier se limitara a cantar “23, rojo, impar y pasa”. Y después de perpetrado el trampantojo… cada cual a esperar viéndolas venir hasta recoger su montón de fichas. La ruina sólo alcanzó a quien desconocía el engaño que escondía aquel envite, tal y como Tejero advirtió tardía y amargamente ante Armada: “De modo que este gobierno del que me habla Usted se forma porque yo he entrado en el Congreso y he tenido éxito, y sin embargo yo tengo que salir; y si falla, tengo que permanecer aquí. Total, que yo perdería siempre”. Efectivamente, don Antonio: usía fue utilizado como mero chivo expiatorio; como víctima propiciatoria de no se sabe qué; en definitiva, como ejecutor de una solución a los problemas de España que se le vendió en nombre del Rey y de la que casi cuarenta años después seguimos ignorando su verdadero porqué.