Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn , Raül Romeva , Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han sido clasificados en segundo grado. Ello implica que se encuentran .

 

La decisión sobre el segundo grado de los líderes secesionistas presos se adoptó sin unanimidad, pues había defensores de la concesión del tercer grado. Sin embargo, es cierto que, en el caso en el que se hubiera establecido el tercer grado por una resolución, habría sido probablemente impugnada por el Ministerio Fiscal y revocada por el Tribunal Supremo y, con la concesión del segundo grado, hay un buen abanico de posibilidades para los independentistas catalanes.

 

Una de las ventajas principales es que podrán obtener permisos de salida hasta de siete días como preparación para la vida en libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un total de treinta y seis por año a los condenados de segundo grado, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala conducta. Sin embargo, hay otras ventajas, como la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite que el Equipo Técnico pueda proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad, evitándose por tanto que el Tribunal Supremo pueda controlar la aplicación de la flexibilización del segundo grado.

 

Todo lo expuesto supone que la concesión del segundo grado, que ha sido legal y reglamentariamente correcta, permite que la condena impuesta a los líderes secesionistas por la comisión de delitos como el de sedición pueda quedar vacía de contenido punitivo por las competencias sobre la Administración Penitenciaria que, lamentablemente, tiene la Generalitat de Cataluña por la permisividad de los sucesivos Gobiernos de la nación española. La corrección de los efectos perversos de esta situación pasaría por la recuperación por parte del Estado de las competencias sobre la ejecución de las penas privativas de libertad, pero con la situación política actual no parece que Pedro Sánchez pueda impulsar una reforma normativa que perjudicaría a los independentistas catalanes aunque favoreciera la protección del orden jurídico perturbado y la restitución de la confianza en las normas jurídicas infringidas.