Los días 26 y 27 de septiembre, en la Facultad de Derecho de Sevilla, según recoge el ABC de fecha 27/09/2019, se celebró el xxiv Congreso de Derecho de Familia.

En la presentación del citado congreso, Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia(AEAFA) puntualizó que la familia está en crisis por el aumento espectacular de los divorcios.

Por su parte, los juristas allí reunidos pidieron «más medios ante el aumento de las crisis de pareja» y reclamaron «una reforma del Derecho de Familia y jurisdicciones especiales». La violencia de género y su impacto en los hijos de la pareja es otro tema que se abordó el día de la inauguración del citado encuentro.

Una de las mayores expertas de este país, la magistrada del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona, Margarita Pérez-Salazar Resano, se mostró como una firme defensora de la creación de una jurisdicción de Familia para prevenir las situaciones de violencia. «Somos –dijo– el único país que no tiene una justicia especializada en Familia y no alcanzo a entender las razones. Cuando se comprenda que las situaciones de violencia tienen que ver con las rupturas y las gestiones de esas rupturas, se podría poner el foco en esos juzgados y se trabajaría mucho mejor», declaró.

La respuesta a Su Señoría, la magistrada Pérez-Salazar, resulta sumamente obvia: Ya existe en España una justicia especializada no ya en Familia, sino en aniquilarla, como es la basta y vasta Jurisprudencia de Género e incluso se ha montado una red de Juzgados de Género; se comprende desde hace años que tal Jurisprudencia de Género crea violencia, rencores y afán de venganza en las rupturas, pues se abusa sobremanera de una de las partes, los varones, no importando lo que ocurra a los hijos, meros monigotes que no cuentan. Además, la violencia se necesita para que siga rodando la rueda del maltrato y la Industria de Género absorba más y más dinero en cada macabro ejercicio. Mujeres, hombres e hijos son víctimas tasadas con las que se cuenta de antemano, tan necesarias como las denuncias, porque sin víctimas no hay maltrato y sin maltrato no hay dinero.

Equivocaron de plano el rumbo desde que se les ocurrió crear una industria a costa de la violencia entre hombres y mujeres, para ello promoviendo una desigualdad creciente entre sexos, viéndose abocados a multiplicar los medios de represión, opresión y castigo, un castigo tan absurdo como inmerecido, tan injusto como inconstitucional.

El fallo de diseño del invento recaudador de dinero y de votos es clamoroso: De puro incompetentes a su tarea política, como si la sociedad española fuese un gran casino con su ruleta, lo apostaron todo al color rojo de sangre y a una carta, la carta de la «denuncia». Resulta que, a día de hoy, 8 de cada 10 mujeres asesinadas no han interpusieron denuncia previa ¿Es sostenible un negocio con un 80% de fracaso en su diseño cuando hay muertes de mujeres de por medio?

No nos cansaremos de repetir que el único camino posible, y a la vez el más corto, es dar marcha atrás, derogar la jurisprudencia feminista radical y volver a leyes de Familia hechas para personas sin distinción de sexo y a Juzgados de Familia en los que también cuenten los hijos como sujetos de derechos, no como objetos a esconder o incluso secuestrar en casas de escondida, léase acogida, o vaya usted a saber en dónde.

 

José R. Barrios