Desde el año 2005, la custodia compartida es posible en España sólo si ambos progenitores están de acuerdo. Fue a partir del año 2011 cuando varias Comunidades Autónomas se desligaron de la norma estatal para legislar la suya propia, haciéndola más acorde a las demandas de una sociedad moderna en un contexto europeo, de manera que País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana (hasta el bloqueo en esta última por parte del Tribunal Constitucional) comenzaron una andadura poniendo distinto rumbo que mantendría desnortado al resto de las doce Comunidades Autónomas, todavía varadas en una norma anacrónica, aún amordazadas por un feminismo radical que ve peligrar ese logro alcanzado que defender con uñas y dientes, el de «con los hijos va la casa». Porque sin la casa en juego, la cosa sería muy, pero que muy diferente, ya que sin dinero no hay feminismo y sin piso las custodias exclusivas maternas caerían en picado, se desplomarían.

 

Un viernes 21/05/2010 www.publico.es redactaba la siguiente noticia: «Aragón aprueba por ley la custodia compartida. Las feministas dicen que la norma perjudica a los menores». Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, opinaba que “es un ataque en toda regla a las mujeres, las perjudica y también a los menores”. Por su parte, Yolanda Besteiro, portavoz de la Federación de Mujeres Progresistas, se quejaba de que el juez otorgará la vivienda al progenitor que más problemas económicos tenga: “Esto es un despropósito, la casa tiene que ir al progenitor que tiene a los niños”, señalaba esta histórica alta carga del Estado. Con esta primera reforma sobre la Custodia Compartida, Aragón alcanzó un 41,5% de custodias compartidas en el año 2017 (datos del INE) frente a dos comunidades de manifiesta desigualdad entre hombres y mujeres en Derecho de Familia como son Andalucía con poco más del 19%de custodias compartidas y Extremadura que no llega al 16%. No obstante, la Justicia duraría poco, ya que desde el 4 de abril de 2019, la custodia compartida dejó de ser preferente en Aragón, regresión social a manos de los votos de izquierda, PSOE, Podemos y Grupo Mixto (Heraldo de Aragón, 25/03/2019). 

 

Ciertamente es un verdadero disparate normativo que la España de nuestro días se haya convertido en un Reino de Taifasen tantos asuntos capitales para la nación y aún más en lo que respecta al Derecho de Familia, habiendo territorios con custodia compartida preferente y otros con custodia materna exclusiva, aunque se muestre evidente que dentro de un mismo país de la Unión Europea no es constitucional que haya un distinto tratamiento jurisprudencial a padres e hijos según territorio o zona de residencia, a la vez que resulta ridículo tener que recurrir al Derecho Comparado en un país tan pequeño como es España, que se cruza en coche de punta a punta en media jornada.

 

Esta absurda coyuntura, este caos normativo, como es tener más derecho a ser padre en el País Vasco, Aragón, Valencia, Navarra o Cataluña, y tener mucho menos derecho o incluso no tenerlo en las doce Comunidades Autónomas restantes, este bochornoso panorama jurisprudencial no hay país en el mundo capaz de sostenerlo, porque sólo con citar nuestro caso, «el caos español en la custodia de los hijos», estamos ante un manifiesto menosprecio a nuestra Constitución, a la vez que frente a un evidente ninguneo a los numerosos Tratados Internacionales suscritos por España, que velan por el «Interés del Niño» y «Infancia», relegados aquí a un olvido denunciable, pues en esencia y en la práctica los menores, en España, no son más que papel mojado.

 

No podemos negarle a un niño andaluz, extremeño, gallego… su derecho a una custodia compartida, cuando otro niño vasco, valenciano, aragonés, navarro o catalán convive en igualdad de condiciones con ambos progenitores. En España, cabe suponer que todos los niños tienen los mismos derechos, cosa que no es así, y no siendo así estamos en condiciones de hablar de maltrato institucional a la Infancia por parte del Estado español, Estado que permite la existencia de «niños de primera», a los que se les premia con mantener una convivencia regular y alterna con ambos progenitores, en caso de separación o divorcio, y «niños de segunda» a los que se les castiga al negarles su derecho a tener, en igualdad de condiciones, un padre y una madre, siendo entregados en exclusiva a su madre (6,5 de cada 10 en el año 2017).

           

José R. Barrios