El torcimiento de las leyes en España, como no podría ser de otra manera, al ser un abuso arbitrario de posición dominante de una casta social sobre otra, un capricho sin sostén constitucional, muestra la evidencia de su total absurdo ante hechos puntuales que ponen al desnudo las vergüenzas de un régimen matriarcal de sesgo sectario que maltrata con descaro e impunidad tanto a padres como a hijos, pues mientras las mascotas –perros, gatos, pajaritos, ratones…– ya cuentan en España con sobrada jurisprudencia que salvaguarda su derecho a una custodia compartida, los menores –niños y niñas– aún no han alcanzado el techo de derechos del que ya goza una mascota cuando sus amos deciden poner fin a la convivencia que mantenían e ir cada uno por un lado, conservando estos animales el evidente derecho compartido a ser querido y cuidado, cuando eso mismo se le niega a un ser humano en su infancia.

Los parabienes de una custodia compartida pertenecen al dominio del sentido común y al del respeto a la legislación nacional e internacional sobre los Derechos del Nino, como también están avalados por numerosísimos estudios, entre ellos, cabe señalar el realizado por Department of Health and Human Services, Administration for Children and Familie, National Center on Child Abuse and Neglect (1996, USA): «En contraste con los hijos que conservan el trato con su padre, los hijos que crecen sin conservar el contacto y relación con su padre, son veinte veces más propensos a tener desórdenes de conducta, nueve veces más a abandonar los estudios y diez a abusar de substancias químicas y drogas. Además, estos niños van a presentar problemas de conducta, su marcha escolar va a verse seriamente afectada y probablemente consuman drogas. Igualmente serán cinco veces más propensos a cometer suicidio, treinta y dos a irse de casa, catorce a cometer actos de precocidad y abuso sexual y veinte a acabar en prisión».

Otro estudio, ahora de la mano de Child Custody Policies and Divorce Rates, octubre 1997, advierte que «La custodia compartida reduce la conflictividad entre los padres divorciados, mejora las relaciones entre madres e hijos, su afectividad y el rendimiento escolar, así como reduce el número de divorcios en un 30%».

La Declaración de Derechos del Niño (ONU); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración de Derechos del Niño (Ginebra); las resoluciones de la Unión Europea, entre otros, reconocen en parecidos términos que «El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, situación que sólo pueden proporcionarle ambos progenitores». Por tanto, mientras no se derogue la vasta y basta jurisprudencia de género y no sea sustituida por nuevas leyes sin color de sexo, leyes para personas, leyes constitucionales que respeten por primera vez los Tratados y Convenciones Internacionales sobre los Derechos del Niño y de la Infancia, y hasta tanto no frenemos la presión asfixiante que mantiene el lobby de género a los tres Poderes del Estado, justo hasta entonces, la Infancia, niños y niñas de España, seguirán siendo las víctimas propiciatorias, absolutamente necesarias, del conjunto de leyes feministas de género, entre ellas y muy en especial, tanto la LIVG o Ley 1/2004, como el reciente Pacto de Estado sobre Violencia de Género, un borrador de articulado con 213 medidas que vienen a perfeccionar y terminar el boceto que en su día dibujó la LIVG.

 

José R. Barrios