La figura del voto particular se ha convertido en centro de la atención de la opinión pública por la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra en el caso de la Manada, que incluye un voto particular que recoge las valoraciones hechas por Ricardo González sobre los hechos y fundamentos jurídicos del asunto, que se exponen en 237 páginas.

 

Hay que destacar que la regulación básica del voto particular se encuentra en el artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El juez o magistrado que disintiere de la mayoría podrá pedir que conste su voto en el acta. Si lo desea, podrá formular voto particular, escrito y fundado, que se insertará en el acta, si la Sala lo estimare procedente por razón de su naturaleza o de las circunstancias concurrentes, siempre que lo presente dentro del plazo que fije la Sala, que no será superior a tres días.

 

Las sentencias con votos particulares son muy numerosas y no es difícil encontrarlos en las bases de datos de jurisprudencia. En todas las Audiencias Provinciales y en los Tribunales Superiores de Justicia hay magistrados con posturas discrepantes y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional existen numerosas sentencias con votos particulares, que simbolizan de un modo claro las posibles divergencias que pueden surgir entre jueces.

 

Lo que ocurre es que el caso de la Manada se mediatizó hasta niveles extraordinarios y cualquier voz discordante que pudiera existir frente a los deseos de la ciudadanía iba a generar un amplio estruendo social que, desgraciadamente, han intentado aprovechar, para su propio beneficio, dirigentes como Rafael Catalá, que, por hablar de un “problema singular” no especificado de Ricardo González, ha llegado a tener un problema espectacular con los jueces, a los que el Gobierno no debe analizar.

 

El voto particular, que debe analizarse del mismo modo que la sentencia, representa el respeto al parecer minoritario en cada tribunal, que no puede verse consumido por una mayoría que silencie cualquier disidencia. Amenazar o asustar a los jueces, que tienen una visión más amplia de los hechos, para que se ajusten a la mayoría puede ser peligroso, pues la diversidad de opiniones es necesaria para garantizar un correcto desarrollo de la interpretación y aplicación del Derecho.