2.9.10. Protección a las personas hipotecadas.

“Impulsaremos nuevas medidas de carácter normativo que refuercen la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas”.

(Comentario: la nueva Ley de crédito hipotecario aprobada este año (Ley 5/2019, de 15 de marzo), trasposición de una Directiva europea a la normativa interna española (Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014), ya contiene una mayor protección al hipotecado, aunque todavía insuficiente. Hay falta de concreción en esas “nuevas medidas” del Ejecutivo en ciernes y para nada se habla de la “dación de pago” o el ejercicio del “retracto crediticio” por los hipotecados en el Acuerdo de la Coalición Progresista, que serían las medidas verdaderas que necesita el hipotecado que no pueda pagar su deuda frente al Banco o el Fondo Buitre que se la reclama judicialmente).

El procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece la normativa europea”.

(Comentario: esos medios de defensa y de prueba ya están reconocidos gracias a la Justicia Europea (Sentencia del TJUE sobre la legalidad del procedimiento de ejecución hipotecaria de 14 de Marzo de 2013, C-415/11) que obligó durante el mandato de Mariano Rajoy a cambiar la injusta ley española que lo impedía, por no haber traspuesto convenientemente y a tiempo a la ley española una Directiva europea en vigor que le obligaba, la Directiva europea sobre cláusulas abusivas 93/13/CEE).

“Se impulsarán los mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad”.

(Comentario: ¿qué mecanismos? El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Código de Buenas Prácticas Bancarias en su momento (Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos) que permitía en cierto modo esa restructuración, pero el Acuerdo de la Coalición Progresista no define nada su nueva aportación).

“Se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial”.

(Comentario: esa coordinación ya existe y no se desahucia a nadie sin que los servicios sociales competentes hayan sido previamente informados, al objeto de que den una alternativa de vivienda a los afectados)

CONCLUSIÓN:

En lo que respecta a la protección de personas hipotecados, el ACUERDO PROGRESISTA entre PSOE y Unidas Podemos es puro humo, pues no aporta nada novedoso y contrastable que proteja a la persona hipotecada, sino vagas referencias a avances que ya se realizaron en el pasado después de interminables abusos de los Bancos y Fondos Buitre.