Así lo ha hecho saber la FNFF en un comunicado en su web:

 

Consecuente, el Consejo de Ministros del Viernes 15 de marzo, en actualizar su venganza a la historia, fija para el 10 de Junio la profanación de la tumba de Francisco Franco y su traslado a donde le pareció más conveniente, Cementerio de Mingo Rubio, para futuras y más anónimas profanaciones de quien fuera Jefe de Estado hasta su fallecimiento, promotor/autor/actor predilecto de la actual monarquía y salvador de vidas y hacienda de la Iglesia Católica. La Fundación cuyo legado histórico preserva su glorioso nombre y obra, desea puntualizar, al Sr. Sánchez y su gobierno, lo siguiente:

 

1.- Tal propósito fija la fecha, con la misma pulcritud probabilista con que saludaba el epitafio de un fallecido, al visitante: “como te ves, me vi; dónde yo estoy, tú estarás; no ofendas a Dios, que estás, muy cerca de estar aquí”. En el presente caso, de momento terrenal, la profanación de la tumba de Francisco Franco está mucho más lejos de esa fecha, de lo que el voluntarismo cainita del fraudulento Sánchez, imagina. Desprecia innumerables aspectos esenciales al procedimiento, en fondo y forma.

 

2.- Desprecia la civilización y cultura occidental, el humanismo cristiano, en el respeto a los muertos. Así, en las principales religiones monoteístas, los lugares de enterramiento han sido siempre considerados como “lugares sagrados” y, por tanto, inviolables (Canon 1205 CDC para la religión católica; art.2.6 de la Ley 25/92 para la religión judía y el art. 2.5 de la Ley 26/92 para la religión islámica). Nadie, que no desee legislar como un bárbaro, tendría la osadía de perturbar el “descanso eterno”, en un “lugar sagrado”, cualquier cementerio lo es y una basílica más, hasta el “día de la resurrección” o “juicio final” de un cadáver.

 

3.- Desprecia la historia, al ignorar quién fue, lo que representó y la trascendencia de Francisco Franco en la todavía reciente historia de España, de la que somos herederos, aunque el Sanchismo revanchista pretenda modificarla. Tal ofensa, sostenemos, no va a ser permitida por el pueblo español sin sobresaltos y ruptura del orden constitucional y político.

 

4.- Desprecia al Estado de Derecho, base de la civilización, y de cualquier democracia que se precie, al ignorar que tal pretensión se encuentra sub-judice en una doble vertiente; la contenciosa, con medidas cautelarísimas aún vigentes al momento de tomarse esa decisión; y la resolución del Tribunal Supremo, en primera instancia, quien conocerá de los recursos de todas las partes implicadas – familia, Orden Benedictina (iglesia), Fundación F.F., y la asociación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, defensores de los allí inhumados- y cuya resolución, tanto cautelar como de fondo, el Gobierno de Sánchez, parece conocer como favorable o prescindible.

 

5.- Desprecia a la Iglesia y a la Orden Benedictina encargada de la guarda y custodia de la basílica y del sacrosanto lugar de enterramiento. El odio nubla de tal modo el entendimiento de este gobierno que ha creado una realidad virtual, trufada de propaganda y viciada de permanentes contradicciones. Ignora que se trata de un “lugar sagrado”, “destinado al culto” y por tanto “inviolable”, cuya “competencia de jurisdicción” corresponde exclusivamente a la Iglesia Católica, cuyo “acto” debe tener la “autorización eclesiástica”, en este caso, el del Prior de la Comunidad Benedictina, con “arreglo a las leyes”, recogidas en un


Tratado Internacional, supra-legal e infra constitucional, que impide la vigencia de cualquier Decreto Ley que las modifique. Ello no quiere decir que se trate de lugares que gocen de “extraterritorialidad” o “inmunidad de jurisdicción”, sino que solo la Iglesia puede actuar en el interior de los “lugares de culto”, sin interferencia alguna de los poderes públicos y sometida, en todo caso, a las decisiones emitidas por el orden jurisdiccional competente (sea este el orden civil, contencioso, penal o canónico). No se trata, pues, de un problema de “jurisdicción”, sino de “competencia”. La “inviolabilidad” va indisolublemente unida a la exclusiva competencia de la Iglesia Católica en el interior de los “lugares sagrados”, con absoluta inmunidad de coacción de cualquier poder público. Y el Gobierno conoce la negativa del Prior de la Orden Benedictina a la preceptiva “autorización” para proceder a la exhumación, además de la autorización de la familia del finado y de una resolución firme que lo autorice.

 

6.- Desprecia el propio procedimiento incoado por el Ejecutivo de Sánchez, al viciar sus propios cauces procedimentales, produciendo indefensión en cuestiones de legalidad constitucional y defensa de derechos fundamentales a las partes opuestas a la profanación. Al ser un Decreto Ley de “caso único”, todo el procedimiento se ha hurtado a la jurisdicción ordinaria, ignorando a las defensas, la legalidad ordinaria y constitucional, y las formalidades establecidas, así como sus argumentos.

 

6.- Desprecio a la familia del Ex-Jefe del Estado, Generalísimo de los ejércitos, Francisco Franco Bahamonde, cuya inhumación fue decidida por el sucesor en la Jefatura del Estado a titulo de Rey, en Consejo de Ministros y con la anuencia de la Iglesia Católica y demás autoridades civiles y militares, reposando en dicho lugar, desde hace 44 años. Sus derechos han sido sistemáticamente conculcados. Han soportado la persecución más obscena y denigrante que imaginarse pueda, sin poder defender su honor, integridad e imagen. Han sido objeto de todo tipo de chantajes y, ni siquiera, les han permitido decidir dónde debe permanecer enterrado su abuelo, contraviniendo lo establecido en el propio Decreto de exhumación. Humillados y ofendidos por el gobierno y sus terminales mediáticas, asistimos atónitos a las mayores vejaciones que puedan soportar las personas, dentro de un llamado “estado social y democrático de derecho”.

 

7.- Desprecio al pueblo español, al trasladar la profanación al 10 de junio, fecha en la que el actual gobierno no puede garantizar su permanencia y, por tanto, la ejecutividad de su mandato. El desprecio a la soberanía popular que salga de las urnas sólo sería admisible en la democracia bolivariana a la que aspira el Sr. Sánchez. Mas allá de su mandato, también pretende hipotecar el futuro de mediocridad, impostura y sectarismo.

 

8.- Desprecio a la inteligencia de un pueblo que aspira a ser gobernado en libertad, paz y bienestar; ajeno a las soflamas, la demagogia y el oportunismo; que anhela la verdad, la razón y la justicia. Que desea ejercer su soberanía permanentemente, no como fetiche electoralista cada cuatro años. Que reconoce en el derecho, su vigencia y aplicación, el fundamento de la democracia y la base de su legitimidad. Que ejercerá su soberanía como lo crea oportuno, no cómo lo desean las encuestas y los intereses antinacionales del finiquitado gobierno de Sánchez.

 

9.- Desprecio a la democracia, al resto de las fuerzas políticas y al sistema judicial, del que no se fían o pretenden controlar. No es aventurado afirmar que Francisco Franco seguirá en el Valle de los Caídos o, el destino de la actual democracia, volverá a transitar por los albañales de nuestra peor historia.


Fundación Nacional Francisco Franco