Cuenta el periodista José Díaz Herrera en su libro «El varón castrado» (Planeta), un libro clásico y de cabecera, que el último Consejo de Ministros, anterior a las vacaciones de verano del año 2006, acordó conceder una subvención de 12 millones de euros a cada uno de los 17 Institutos de la Mujer para sus actividades en contra del maltrato. Ello supuso destinar en aquel ejercicio presupuestario de 2006 una cantidad suplementaria de 204 millones de euros, equivalente a 33.252 millones de pesetas adicionales a lo ya presupuestado por el Estado, esto es, otras partidas que ya estaban en manos de las distintas Comunidades Autónomas.

Este montante dinerario prevacacional, sin embargo, debió parecer corto y en septiembre de ese mismo año, nada más volver de vacaciones, el Gobierno decidió ampliarlo en otros 80 millones de euros más (Diario Aquí, 16/09/2006), lo que representó en su día poner en manos de los Institutos de la Mujer –uno por cada Comunidad Autónoma – alrededor de 46.292 millones de las antiguas pesetas.

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Sociales concedía, a través del Instituto de la Mujer, 18.710.000 euros a cerca de un centenar de organizaciones afines a los planteamientos de la Ley Integral de Violencia de Género 1/2004 tales como Organización de Abogadas Themis, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales…El Decreto-Ley aparecía firmado en el Boletín Oficial del Estado del 2/12/2006 por la Directora General del Instituto de la Mujer, una feminista del clan de la vicepresidenta del gobierno a la sazón, una tal Mª Teresa Fernández de la Vega.

Años más tarde, el «Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades», para el periodo 2008-2011, tal como señala Diego de los Santos en la pág. 216 de su libro «Las mujeres que no amaban a los hombres» (Almuzara), contaría con algo más de 3.690 millones de euros.

 Por su parte, Nicolás de Cárdenas, el 03/05/2016 (Actuall),  sacaba a la luz un estudio sobre «Estimación de Costes de la Violencia de Género en la Unión Europea en 2012», tabla comparativa que se puede consultar en la citada noticia y que recoge la cantidad de dinero asignado a España, algo más de 24.000 millones de euros (9,27% del total de costes del conjunto de los países de la Unión Europea), según una extrapolación de los datos realizada por el Reino Unido. Por otro lado, según recoge este mismo estudio, aún queda pendiente justificar en qué se han gastado algo más de 10.000 millones de euros destinados a la lucha contra la «violencia doméstica», partida que incluía el gasto previsto para combatir la violencia que se ejerce hacia hombres y menores en el seno de la familia, de ahí que se la denomine «violencia doméstica».

 

Javier Negre, en charla con el afamado periodista Carlos Herrera y en el espacio radiofónico conocido como «El Informe Negre», emisión radiofónica disponible al público en www.cope.es de fecha07/01/2019, dedicó su informe a «La Industria andaluza de la Ideología de Género», dejando completamente al desnudo un negocio de tipo clientelar. Según los datos que aportó en su informe el Sr. Negre, el Instituto Andaluz de la Mujerde Andalucía, en el ejercicio 2018, manejó un total de 42.800.000 € para luchar contra la Violencia de Género y de los que tan sólo el 2,8%, es decir, 1,2 millones de euro, se destinaron a la atención directa a mujeres maltratadas. De esos 42,8 millones de euros, 9,5 millones fueron a paran a los generosos sueldos de los 182 trabajadores de ese instituto, resultando una media de 52.000€ brutos al año para cada trabajador de género, 12,2 millones de euros se utilizaron en gastos corrientes y 0,9 en inversiones. De entre los 20 millones empleados en transferencias de capital, 8,5 millones llegaron a los Puntos de Información a la Mujer repartidos por los 786 ayuntamientos andaluces y 3 millones a potenciar el asociacionismo de género, estando registradas en la Junta de Andalucía unas 2.200 Asociaciones de Género y 55 Federaciones que representan a un total de 270.000 mujeres, que es de suponer votan en una a dirección – aclaración del autor. 

Para mayor aclaración de lo que venimos documentando, baste una noticia recogida por ABC (8/11/2018) que ilustra de manera didáctica en qué gastan algunos ayuntamientos el dinero destinado a la lucha contra el maltrato: «El Ayuntamiento de Palma organiza una “chocho charla” bajo el lema “Empoderándonos desde nuestros coños”». Por su parte, nuestro admirado Juez Serrano, un faro en esta Época de Tinieblas, en una entrevista concedida a El Confidencial (12/01/19), denunciaba este despilfarro de dinero público, una práctica ciertamente generalizada, con las siguientes palabras: «Las ayudas no acaban en las maltratadas, sino en programas para el mapa del clítoris».

 

Sobre este colosal agujero negro que tantos miles de millones ha engullido y engullirá, léase Industria de Género española, un negocio en nombre del feminismo, no es de extrañar que un Informe de la Oficina Europea Antifraude advierta que «La mayor bolsa de fraude asociada a la comisión de delitos continuados contra menores y hombres a través de la financiación del Fondo Social Europeo y Programas Daphne y Dike es el mecanismo de denuncias falsas por maltrato a la mujer que se ha creado en España y que opera como una maquinaria sistémica financiada con fondos europeos».

 José R. Barrios