La Ley 27/2003, de 31 de julio, regula la Orden de Protección de las víctimas de la violencia doméstica y pretende que a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, ante el Juzgado de Instrucción, las víctimas de violencia domestica pueda obtener un Estatuto Integral de Protección que comprende medidas civiles, penales y asistenciales y de protección social.

Pueden solicitar una Orden de Protección, la víctima, cualquier persona que tenga con la víctima alguna de las relaciones del art.173 del C.P., el Ministerio Fiscal, y el juez de oficio podrá acordarla. La solicitud también se extiende a entidades u organismos asistenciales, públicos o privados que tuviesen conocimiento de la existencia de alguno de los delitos o falta de violencia doméstica, ya que estos deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del Juez de Guardia o el Fiscal con el fin de que uno u otro pueda incoar el procedimiento para la adopción de la orden de protección.

La Orden de Protección se solicita ante el juez, el fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en las oficinas de atención a las víctimas, en los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Publicas, así como en los servicios de orientación jurídica de los Colegios de Abogados

La solicitud deberá ser remitida de forma inmediata al Juez de Guardia o al Juez de Violencia sobre la Mujer, durante las horas de audiencia, si éste resulta competente. En todo caso, en el juzgado de guardia, recibida la solicitud, el Juez convoca a una audiencia urgente a la víctima, al solicitante si es distinto de la víctima, al agresor y al Fiscal.

La audiencia habrá de celebrarse en un plazo máximo de 72 horas. La declaración se hará por separado y durante la misma, el Juez adoptará las medidas necesarias para evitar la confrontación entre el agresor y la víctima, sus hijos y los restantes miembros de la familia.

Celebrada la audiencia, el Juez dicta el auto en el que, de ser estimatorio, acuerda las medidas cautelares, entre ellas las medidas de protección a la víctima.

Una Orden de Protección conlleva medidas cautelares de tipo penal y civil,  así como Medidas de Asistencia y Protección. Estas medidas las adopta el juez en su auto tras la audiencia a las partes.

Medidas Civiles: Atribución del uso y disfrute de la vivienda; régimen de custodia, visitas y comunicación con los hijos, incluso suspensión cautelar de la patria potestad o custodia de menores; prestación de alimentos y medida de protección al menor para evitar un peligro o perjuicio.

Medidas Penales: Prohibición de aproximarse (Orden de alejamiento), prohibición de comunicación, prohibición de volver al lugar de residencia de la víctima, retirada de armas u otros objetos peligrosos y prisión.

Medidas de Asistencia y Protección: Un amplísimo paquete de medidas de todo tipo a nivel estatal y  autonómico. Una Orden de protección confiera a la víctima (mujer) el denominado “Estatuto Integral de Protección” que, por una parte, comprende las medidas civiles y penales y las medidas asistenciales y de protección social establecidas en el ordenamiento jurídico y que podrá hacerse valer ante cualquier autoridad o Administración Pública, por otra, lleva aparejado el derecho a ser informada permanentemente sobre la situación procesal y penitenciaria del agresor, así como del alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas.

Respecto al agresor (hombre), de entrada estará sujeto a las medidas civiles y/o penales que detalle el juez en el auto, pagará las costas del juicio y además pasará a engrosar, por el resto de tus días, el Registro Central de Maltratadores, que oficialmente se llama Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, ya que la Orden de Protección se inscribe en este Registro.

José R. Barrios