El PSOE de Susana Díaz no sólo quiere encapsular políticamente a Vox, marginándole de los principales órganos de extracción parlamentaria en los que podrá entrar cuando arranque esta legislatura. También prepara una estrategia de pactos con otros partidos para intentar asfixiar económicamente a esta formación de extrema derecha, pieza necesaria para que PP y Ciudadanos formen Gobierno en Andalucía. 

El plan consiste en invalidar un acuerdo secreto de la Mesa del Parlamento, aprobado el 21 de mayo de 2008, y que garantizaba la misma subvención fija a todos los grupos políticos con independencia del número de diputados que cada uno hubiera obtenido en las elecciones. El acuerdo, que no está contemplado en el reglamento de la Cámara ni publicado en el BOPA (Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía), se pactó entre los tres únicos partidos con representación en aquella octava legislatura: PSOE, PP e IU, y el principal beneficiario entonces fue la coalición de izquierdas, el más pequeño. 

Fue un acuerdo “extrareglamentario” y fruto de la “voluntad política” en el que socialistas y populares pactaron incluir un criterio de corrección para igualar el reparto de las subvenciones y que las formaciones pequeñas tuvieran la misma asignación de partida -y las mismas oportunidades- que los partidos mayoritarios. Entonces, el principal beneficiario era IU. Ahora lo será Vox, y los socialistas se plantean impugnarlo porque consideran que esta formación es “anticonstitucional, xenófoba, racista y machista”.

Vox ha irrumpido en el Parlamento autonómico con un 10% de la representación y 12 diputados, lo cual le facilitará el acceso a cuantiosas subvenciones electorales, y representación en algunos órganos que sirven de contrapeso al Gobierno: el consejo de administración de la RTVA, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual y la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. También está por ver si la formación que encabeza el juez Francisco Serrano pone precio a su apoyo al Gobierno PP-Cs y pide, a cambio de sus votos, un puesto con voz y voto en la Mesa de la Cámara, órgano de gobierno del Parlamento que marcará los ritmos de la legislatura. 

En la Mesa hay siete miembros y ahí se decidirá, entre otras cosas, si se revisa la vigencia del acuerdo sobre el reparto de las subvenciones a los grupos. La estrategia de Díaz para aislar económicamente a Vox dependerá, en gran medida, de que haya más miembros progresistas que conservadores.

En 2008, los grandes partidos estuvieron de acuerdo en volver al modelo anterior sobre criterios y cuantías de las subvenciones electorales, de principios de los noventa. El acuerdo que firmó la Mesa, corroborado año tras año sin modificación alguna desde entonces, incrementó la asignación para cada uno de los tres grupos en un 33,33%, repartiéndose el resto del crédito presupuestado como parte variable con arreglo a los criterios proporcionales. Es decir, una parte fija por grupo y otra variable en función del número de escaños de cada uno, corregida en el caso de los dos partidos mayoritarios con la finalidad de que la subvención final resultante por diputado para ambos fuera idéntica.

La asignación fija es de 29.588,85 euros por grupo, la misma para el PSOE, con 33 diputados, que para Vox, con 12. La asignación variable es de 23.034,99 euros por escaño obtenido, más 0,8501 euros por cada voto. La diferencia presupuestaria entre grupos la determina esta segunda asignación: la formación de extrema derecha obtuvo 350.000 votos en las elecciones del 2 de diciembre, y el PSOE logró más de un millón de papeletas. Para deshacer aquel pacto tendrían que sellar una alianza con “las fuerzas constitucionalistas”, que es como Susana Díaz ha bautizado a todos los partidos con representación actual en el Parlamento, excepto a Vox. “Vox propone acabar con la autonomía andaluza y viene a dinamitar las instituciones autonómicas que le corresponde ocupar, no tiene sentido, por tanto, que tengan un puesto en ellas”, dicen fuentes socialistas.

Para ocupar estos sillones y recibir las ayudas políticas que perciben el resto de partidos existe un acuerdo de la Mesa del Parlamento -que data de la novena legislatura- con el que los grupos pactaron incluir un criterio de corrección para igualar el reparto de las subvenciones y que las formaciones pequeñas tuvieran la misma asignación de partida que los partidos mayoritarios. Se acordó una asignación fija, igual para todos los grupos con representación parlamentaria, y una asignación variable, en función del número de diputados. El principal beneficiario de ese acuerdo fue IU. Y ahora será Vox. 

 

La formación de extrema derecha se va a beneficiar de aquel pacto que alcanzaron PSOE y PP para que la coalición de izquierdas tuviera las mismas oportunidades de base que el resto. Pero fue un acuerdo basado en la voluntad política, y ahora los socialistas quieren trastocarlo para que Vox, con 350.000 votos, no reciba la misma asignación fija que el PSOE, con más de un millón. Para deshacer aquel pacto tendrían que sellar una alianza con “las fuerzas constitucionalistas”, que es como Susana Díaz ha bautizado a todos los partidos con representación en el Parlamento, excepto a Vox. “Vox propone acabar con la autonomía andaluza y viene a dinamitar las instituciones autonómicas que le corresponde ocupar, no tiene sentido, por tanto, que tengan un puesto en ellas”, dicen fuentes socialistas.