El Tribunal de la Audiencia Provincial de Baleares que sentenciará el caso Urdangarin es partidario de permitir que determinados acusados –entre ellos, la infanta Cristina– asistan sólo a las primeras semanas de la vista oral y se ausenten del resto del juicio, que se prolongará durante varios meses.

 

La acusación popular ejercida por la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete se opone a esta pretensión, por considerar que vulnera la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 786 de dicha normativa señala que “la celebración del juicio oral requiere preceptivamente la asistencia del acusado y del abogado defensor”.

 

Y añade que sólo de forma excepcional, si alguno de los acusados “deja de comparecer sin motivo legítimo”, el tribunal podrá acordar “la continuación del juicio para el resto” de encausados.

Según las fuentes consultadas por Okdiario, el tribunal que preside la magistrada Samantha Romero Adán es partidario de permitir que determinados acusados, entre ellos la infanta, asistan tan sólo a las tres primeras semanas del juicio, durante las cuales se les tomará declaración.

 

La vista oral se prolongará luego durante varios meses –durante los cuales prestarán declaración varias decenas de testigos–, sin la presencia de la infanta Cristina. La acusación popular ejercida por Manos Limpias va a oponerse a esta pretensión por considerar que supone un trato de favor vulnera abiertamente la Ley.

 

El juicio se inicia este lunes en Palma de Mallorca, con la intervención de la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado y del Ejecutivo balear, la acusación popular ejercida por Manos Limpias y las defensas.

En este trámite, que previsiblemente se prolongará hasta el martes, las distintas partes podrán plantear cuestiones previas como la competencia del tribunal, la posible vulneración de derechos fundamentales o las posibles causas de nulidad de actuaciones.

Será en este trámite cuando el abogado Miquel Roca pedirá que se aplique la llamada doctrina Botín que negaría la legitimidad de Manos Limpias para ejercer la acusación popular contra la infanta Cristina, dado que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han presentado cargos contra ella. Se trata de una maniobra encaminada a evitar que la mujer de Urdangarin tenga que sentarse en el banquillo.

 

Contra esta tesis, López Negrete invocará la doctrina Atutxa, es decir, la existencia de un interés colectivo de todos los españoles que se ha visto dañado –el presupuesto público de tres Administraciones que habría sido malversado por la trama de Urdangarin– para justificar la presencia de la acusación popular en la causa.

 

Tras la sesión de la vista oral que se inicia este lunes, el juicio se reanudará el 9 de febrero, fecha en la que comenzarán a prestar declaración los 18 acusados.