Dostoievki, un ruso universal, decía que «nada existe más elevado, más fuerte, más sano y más útil para el porvenir en la vida que el buen recuerdo de la infancia y la casa paterna».

 

No obstante, en España, un país anómalo en esta temática de compartir la crianza y educación de los hijos, el anhelo irracional de tanta feminista guerrera por quedarse con los hijos va íntimamente asociado a retener la vivienda por parte de esas mamás, aun a costa de impedir a sus hijos una infancia normalizada junto a su supuesto padre. Deslindar la vivienda de la guarda y custodia de los hijos, pues, parece un asunto urgente en aras a proteger a la Infancia y restaurar uno de sus derechos fundamentales como es permitir el contacto de los hijos con ambos progenitores en tiempos similares. Bien la venta del inmueble, pudiendo ser adquirido por uno de los dos progenitores, bien que quien resida compense al otro con un importe mensual para que se pague parte de un alquiler son medidas que ya funcionan en nuestros países vecinos.

 

Siguiendo con España, la custodia compartida de los hijos queda amparada en uno de los artículos más olvidados de nuestra Constitución de 1978, concretamente el art. 39: «Es deber de los Poderes Públicos garantizar la protección de la familia y de la infancia», precepto que parece haberse redactado en gran medida pensando en la custodia compartida de los menores, aunque a día de hoy esto de la protección de la familia y de la infancia es papel mojado.

 Sin lugar a dudas, compartir la custodia de los hijos es el único modelo que respeta los derechos de las tres partes en juego (padre, madre e hijos) cuando ocurre la ruptura de una pareja con descendencia; pues es de sentido común atisbar que cualquiera de las custodias monoparentales, bien la materna, con una altísima incidencia, bien la paterna, exclusivamente en casos excepcionales, ambas provocan una lesión de derechos tanto a los hijos como al progenitor no custodio. Por el contrario, resultando una evidencia incontestable y de capital importancia para la estabilidad emocional de los hijos y progenitores, la custodia compartida se muestra como la opción más similar a la situación familiar antes de la ruptura, de ahí que debiera ser la opción preferente en nuestro Código Civil cuando una pareja decide poner fin a su relación y hay hijos de por medio. De este modo, sólo así entraríamos, de una vez por todas y por primera vez, a formar parte de los países con un Derecho de Familia ajustado a Derecho y en consonancia con lo que reclama la sociedad civil de nuestro tiempo, la del siglo XXI, no aquella en la que aún parecemos instalados, la de nuestros abuelos, cuando la mujer aún era el eje de giro de la familia.

 

España, en este tema de la custodia compartida, además de obviar los preceptos constitucionales de igualdad hombre-mujer y el respeto a los derechos de la infancia, está fuera de la órbita de los países de nuestro entorno y camina por detrás de países como EEUU, incluso haciéndolo con varias décadas de retraso, dado que aquí, en el año 2017, las custodias exclusivas a las madres aún permanecían estancadas en un 65% (6,5 de cada 10 niños quedaban, pues, en manos exclusiva de su madre), mientras que los tribunales de Estados Unidos vienen considerando sexista el principio de dar la custodia a la madre, incluso con menores aún pequeños, adoptando una posición en la que prima el «interés superior» de los hijos como es «convivir con ambos progenitores», dado que la mera suposición de un «progenitor custodio» y otro, «progenitor visitante», se considera claramente discriminatoria.

 

José R. Barrios