Por desgracia caminamos decididamente y rapidito hacia una Escuela Pública de Género inserta en un Sistema Educativo de Género, esto es un hecho incontestable que no admite, nunca mejor dicho, género de duda. Basta para ello una somera lectura a las primeras medidas del «Pacto de Estado (2017)» en su apartado «Educación».        

La problemática más grave de esta ideologización de género en la  Escuela Pública es su ataque a la figura del hombre como tal ser sexuado, la hipervaloración de la mujer y su insistencia diaria en el papel mesiánico que ésta desempeña en la sociedad, también el descrédito del modelo de familia natural o tradicional y una preocupante e ilegal presentación de contenidos, opciones sexuales explícitas, en modo alguno adecuadas a los menores en sus primeros años de escolaridad. Porque, entre otras razones, tanto la educación sexual, la opción religiosa o las preferencias políticas son temáticas que entran de lleno en la esfera de actuación de cada familia, dadas sus connotaciones tanto ideológicas como de elección individual, que, por si ello fuera poco, además requieren de suficiente madurez en los estudiantes, madurez que todo escolar de Educación Primaria aún no ha alcanzado.

La Escuela Pública jamás debiera adoctrinar o forzar el librepensamiento de los alumnos, sino mantenerse al margen y dotar al alumnado de criterios propios, crearle el hábito de elegir desde la argumentación en aras a incorporarlo a una sociedad de tolerancia y libertad donde coexistan diferentes opciones, valores y posicionamientos, costumbres e identidades, todas al amparo de un derecho común, sin distinción de sexo, una sociedad para y por las personas, por muy distintas que estas puedan ser.

            De ahí que muchas familias, cuando la Escuela se excede en sus funciones y entra en el ámbito de lo privado, reclamen la llamada «objeción de conciencia»reconocida en el artículo 16.1 de la CE (STC 53/85), en estrecha relación tanto con la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo de la personalidad (art. 10 de la CE) y el derecho a la integridad física y moral (art. 15 de la CE).

Esta «objeción de conciencia», tal como ocurrió con el caso de la asignatura «Educación para la Ciudadanía», no es sino un paso firme, adecuado, necesario y urgente para frenar en lo posible el abuso de aquello que nunca debe enseñarse en una Escuela Pública, una escuela de todos. La objeción de conciencia, como Derecho Fundamental, está protegida por el art. 53.2 de nuestra Constitución, es decir, tutelada a través del «recurso de amparo», una vez salvado el trámite de los tribunales ordinarios, instancias también obligadas a prestarle un trato diligente. La objeción de conciencia, pues, ante una extralimitación de las funciones y fines de una institución que se paga con el dinero de todos, la Escuela Pública, vincula a todos los Poderes Públicos (arts. 9.1 y 53.1 CE).

El Tribunal Constitucional, en sentencia 53/1985 reconoce expresamente el ejercicio de la objeción de conciencia con independencia de que se haya dictado o no su regulación. Veamos lo que dice: «No obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del Derecho Fundamental a la libertad ideológica reconocido en el art. 16.1 CE. Y tal como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales».

Pero es precisamente en este contexto, el de la Escuela Pública a la que asisten los hijos de los trabajadores, no los de la élite política progre, donde una nueva dictadura, la Dictadura de Género, ha entrado a saco y a manos de peritas de pelo colorado en tan delicada y respetable institución, que por definición es inviolable, para adueñarse de las mentes de criaturitas indefensas confinadas entre cuatro paredes y sin escape posible al objeto de inocularles el adoctrinamiento que toca y con el que ir moldeando a su antojo a los ciudadanos del mañana, dóciles votantes de unos principios inmorales que aprendieron en su más tierna infancia al margen de las convicciones de sus padres, víctimas del uso y abuso, antes del Estado, ahora de esos Reinos de Taifas que al parecer llaman Comunidades Autónomas.

 

José R. Barrios