El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan, según el artículo 117.3 de la Constitución. Por la tramitación de esos procesos, se dictarán, por los órganos jurisdiccionales, sentencias y otras resoluciones que deberán cumplirse cuando alcancen firmeza.

 

En todos los asuntos penales, si los sujetos implicados en el proceso entienden que la sentencia que se ha elaborado no es acertada, podrán solicitar su revisión a través de los recursos establecidos en la normativa procesal. Lógicamente, los que no actúen como partes en el conflicto deberán limitarse a observar el desarrollo de los trámites jurisdiccionales para poder analizar la sentencia firme que se acabe dictando. Sin embargo, hay situaciones en las que la trascendencia del proceso adquiere tal dimensión que termina desarrollándose bajo la lupa de la sociedad.

 

Hay varios casos en los que se está centrando el foco por los medios de comunicación y que están siendo objeto de un profundo estudio por los ciudadanos. El problema es que se están traspasando algunas barreras y, con el transcurso del tiempo, se ha estado produciendo un progresivo incremento de las críticas a los propios jueces y magistrados que elaboran sentencias que no se ajustan a las expectativas del pueblo español, que ha llegado a considerar que puede dictar sus propias sentencias condenando a los acusados y a los profesionales jurídicos que no realicen actividades que sirvan para cumplir los deseos de los ciudadanos.

Cualquier valoración negativa que se haga de las resoluciones judiciales es legítima en la medida en que pueda estar amparada por la libertad de expresión. No ocurre lo mismo con la persona de los propios jueces y magistrados, que tienen derecho al honor y que no deben ser insultados por dictar resoluciones que se ajusten a la legislación, aunque las mismas no agraden a los ciudadanos y a los dirigentes políticos, que deben actuar con responsabilidad para evitar que se presione a aquellos que se encargan de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado.

 

Los reproches de los ciudadanos contra los jueces y magistrados por el trabajo que desarrollan pueden llegar a ser muy peligrosos, ya que constituyen un grave atentado contra la independencia judicial, que todos los ciudadanos deben respetar para evitar el derribo del Estado de Derecho.