El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid suspendió de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para realizar la exhumación del General Franco del Valle de los Caídos.

 

El responsable de la paralización de la exhumación por la licencia de obras es el abogado Francisco Javier Zaragoza Ivars, que interpuso 15 recursos contra el Ayuntamiento de San Lorenzo por todas las irregularidades habidas en la licencia de obras. El letrado explica para El Correo de Madrid en qué consisten las principales irregularidades.

 

¿Cuál es exactamente la labor concreta por la que le han contratado?

 

Yo en principio no tengo nada que ver con la exhumación, pues sigue otro procedimiento que llevan otros letrados. A mí se me encarga que estudie el tema de las posibles irregularidades que parecía que existían en la licencia de obras que concedió el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Viendo la documentación que presenta el Ayuntamiento y el informe de la concesión de la licencia constatamos que existe una cantidad de irregularidades tremendas, lo que nos llevó a presentar un escrito interponiendo recurso contencioso administrativo.

 

¿Cuál sería la primera irregularidad que se da en la licencia de obras?

 

La primera de todas es que se está dando una licencia para unas obras que están expresamente prohibidas en la ficha de planeamiento del catálogo de protección de las normas de San Lorenzo del Escorial, aprobadas en el año 99. La Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos tiene una protección que la ficha llama integral global y que prohíbe todas las obras que no sean de rehabilitación y mantenimiento. Entendemos nosotros y el informe que hemos adjuntado, redactado por dos arquitectos expertos en la materia, que evidentemente ese tipo de obras que se pretenden hacer no son en ningún caso y bajo ningún concepto obras ni de mantenimiento ni de restauración.

 

Otra irregularidad es que la consideran una obra menor, ¿por qué no es menor?

 

Porque desde el momento en que se habla de forjados alrededor del hueco de la tumba eso implica que se convierte automáticamente en una obra mayor al haber un cambio de estructuras.

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También hay irregularidades en la firma.

 

Así es, el informe del Ayuntamiento está firmado por un aparejador. Un aparejador no tiene la competencia para informar sobre temas urbanísticos como es el tema de un edificio protegido. Lo tendría que firmar el arquitecto superior, que no se por qué razón no lo ha firmado, cuando en San Lorenzo hay arquitecto municipal.

 

Otro asunto importante es la disponibilidad del suelo.

 

El Ayuntamiento no puede dar la licencia cuando le consta que el que quiere hacer la obra, en este caso el Estado, no tiene disponibilidad sobre el suelo en el que se va a realizar la obra. Y en este caso está claro que tanto la familia como la comunidad benedictina se han opuesto a que se pueda hacer. Por tanto el Estado no tiene disponibilidad física material sobre el suelo para hacer la obra. Hay cantidad de jurisprudencia en el Tribunal Supremo diciendo que el Ayuntamiento cuando conoce todo esto, y es sobradamente conocido, no podría haber dado la licencia.

 

Por el Tratado Internacional entre España y la Santa Sede la jurisdicción dentro la Basílica pertenece al prior y sin el permiso del prior no se puede hacer nada dentro.

 

Efectivamente, esto es así y estas normas hay que respetarlas.

 

¿Se dan todavía más irregularidades?

 

Después hay una serie de irregularidades en el proyecto que se presenta por Patrimonio que están claramente definidas en el informe que hemos adjuntado nosotros y que han redactado los arquitectos, que se saltan a la torera todos los requisitos mínimos que se exigen en las reglas de edificación y en el código técnico de edificación. El contenido mínimo que debería tener el proyecto de obras, en este caso de una obra mayor, brilla por su ausencia. Ahí podríamos sacar 20 irregularidades o faltas que no se han cumplido.

 

Son argumentos más que de peso para paralizar las obras.

 

Efectivamente y lo que ha hecho el juez es simplemente aplicar el sentido común porque, por ahora, no me está dando la razón en el fondo, ya veremos lo que dice la sentencia. Hasta ahora el juez ha hecho lo que hubiese hecho cualquier juez en el 99 % de los casos, dejar la obra pendiente de forma cautelar.

 

Está claro por qué se ha armado tanto revuelo.

 

Evidente por el trasfondo político que tiene el asunto. Los jueces en lo contencioso están todos los días adoptando este tipo de medidas cautelares. Además hay más cosas, por ejemplo el informe dice que hay que levantar una losa de dos toneladas de peso y eso puede poner en riesgo a las personas que lo ejecuten. En un proyecto normal debería haber habido un estudio.

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Cualquier juez, vistas todas las irregularidades que hay, bajo ningún concepto podría haber permitido las obras.

 

Sería una locura. Se han echado todos encima de este señor cuando lo que ha dicho es que si lleva Franco enterrado 44 años, se puede esperar 6 meses más hasta que haya una sentencia firme. En la sentencia ya veremos quién tiene la razón, pero había que paralizar los efectos de la licencia porque si se hace la obra ahora y luego la sentencia dice lo contrario ya no se puede hacer nada. El escándalo que se ha montado es por temas políticos porque esto lo hacen los jueces continuamente en lo contencioso.

 

¿Hay algún argumento de peso más?

 

Estamos hablando del suelo de la Basílica, clasificado por el Plan General como suelo no urbanizable. En la ley de la Comunidad de Madrid las obras en suelo no urbanizable requieren la previa aprobación de la Comunidad de Madrid, lo que aquí se llama calificación urbanística y aquí no existe.

 

Es una irregularidad tras otra. A modo de conclusión, ¿cuál es la mayor de todas?

 

La mayor, razón que le bastaba al juez para parar todo, es que estamos rompiendo un edificio que está catalogado. Las normas subsidiarias tienen nivel reglamentario legal. Es un reglamento que desarrolla la Ley del Suelo en San Lorenzo. Un reglamento obliga a todos, a cualquier persona, a la Comunidad Autónoma y al propio Estado.