Así lo informa la propia FNFF en su página web:

La FNFF ha dirigido un escrito a la Sra. Cristina Latorre, que había sido Secretaria General Técnica del Ministerio de la Presidencia (de la que depende Patrimonio Nacional) durante el mandato de Rodríguez Zapatero y que, actualmente, ocupa la Subsecretaría de Justicia, cuya ministra de Justicia, Dolores Delgado, es la encargada por el Presidente Sánchez para llevar a cabo la exhumación del Generalísimo, quejándose del trámite conferido para formular alegaciones al expediente de exhumación que ella instruye, hecho que tuvo lugar el pasado 3 de enero, toda vez que, no sólo infringe la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sino que está lesionando, una vez más, los derechos de defensa de la Fundación.

 

Pese a que el artículo 82 de la antedicha ley prevé un plazo de 10 a 15 días para formular alegaciones, dada la importancia de lo que se está tramando para llevar a efecto el decreto ley anticonstitucional y de carácter “singular” (el decretazo de la exhumación tiene nombre y apellidos, lo que está prohibido por el TC), ¿adivinan cuántos días de plazo se le ha dado a la FNFF? Eso: diez días. Pero lo que es más grave es que, en contra de lo que dice el artículo 30 sobre “computo de los plazos”, que se hace “a partir del día siguiente a aquél en que se hace la notificación”, la instructora no sólo los computa “contados desde la recepción de esa notificación” sino que, además, impide el acceso inmediato al expediente, habiendo conferido a esta FNFF la vista del mismo el pasado 8 de enero, de lo que resulta que le ha robado cuatro días de los diez concedidos para alegaciones.

 

Esta FNFF va a seguir utilizando todos los medios legales que el derecho proporciona para defender la legalidad y el estado de derecho, la inviolabilidad de los lugares sagrados y, en concreto, de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde está enterrado S.E. don Francisco Franco por indicación de quien le sucedió en la Jefatura del Estado, S.M. el Rey Juan Carlos. Y lo haremos so solo convencidos de la razón que nos asiste sino porque sabemos que lo que defendemos representa el sentir de una inmensa mayoría de españoles que admiran la obra de quien rigió el estado español, que impidió que España cayera en las garras del comunismo, que nos hizo sentir orgullosos de ser españoles -hoy enfrentados de nuevo por la perniciosa ley llamada de la memoria histórica- y de nuestra Patria, que hoy se desmorona ante la debilidad de la autoridad del Gobierno, que sólo le preocupa el “sacar al Franco del Valle” pese a lo que diga la Ley y el Derecho.