Según la primera acepción del diccionario de la RAE, la paz es la “ausencia de lucha armada” y, de acuerdo con la segunda, se trata de una “situación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos”.   Antes definió la guerra como “desavenencia y rompimiento de la paz” y como “lucha armada”, de manera que la guerra es ausencia de paz, la paz ausencia de guerra, y el empleo de armas no parece elemento esencial en todas las acepciones de ambos términos. Un soberano lío, en definitiva, que sólo permite afirmar los confusos contornos de ambos términos, respectivamente antónimos.

Pasando a una perspectiva algo más filosófica, lo cierto es que no parece posible hablar de paz en términos absolutos, sino de grados o niveles de paz, puesto que los conflictos son consustanciales a todas las comunidades integradas por seres humanos (empleando el término “comunidad” en el sentido más amplio). Esos conflictos suelen exigir, en ocasiones, el empleo de una cierta dosis de violencia, incluso armada, sin que ello pueda identificarse necesariamente con un estado de guerra. Tratándose de conflictos internos, ha de recordarse que, a la organización política de la comunidad, esto es al Estado, suele atribuírsele el monopolio de un ejercicio legítimo de la violencia que ejercerá mediante la promulgación y aplicación de las correspondientes normas de Derecho Penal y Penitenciario. Tratándose de conflictos entre estados, el propio Derecho Internacional admite el recurso a medios violentos frente a agresiones procedentes de otros estados, en ejercicio del Derecho a la legítima defensa, que no siempre se enmarca u origina una situación calificable como guerra: como ejemplo de estos supuestos podemos acudir al conflicto surgido entre España y Marruecos, como consecuencia de la invasión por este último estado de la Isla de Perejil, durante el mes de julio de 2002. Por consiguiente, preferiremos contraponer el término graduable “paz” a “violencia”, no al concepto mucho más restringido de “guerra”, y mucho menos a éste entendido como “lucha armada”.

Además de graduable, esa paz tan manoseada no suele ser más que el resultado de un determinado equilibrio de fuerzas. Recordemos el adagio romano: “si vis pacem para bellum”, que sabiamente nos indica que si deseas la paz deberás estar preparado para emplear la guerra (o, en sentido más amplio, la violencia), como medio idóneo para su mantenimiento. No hay nada de contradictorio en una expresión tan sabia, sino mera expresión del delicado equilibrio entre fuerzas contrapuestas al que solemos llamar paz. 

Ese equilibrio o “estatus quo” puede ser objeto de juicio desde la perspectiva del Derecho Natural, o de unas convicciones religiosas o políticas determinadas, y como consecuencia de ello merecerá la calificación de “justo” o “injusto” (a menudo será justo para unos e injusto para otros). Acudiendo a estas perspectivas puede parecer evidente que el equilibrio logrado entre los diversos sectores sociales en regímenes comunistas (China, Corea del Norte, Cuba o Venezuela), no merecerá el mismo juicio que el conseguido en países donde esas fuerzas en conflicto se puedan canalizar y equilibrar a través de mecanismos más o menos democráticos. Pero eso no impide que se pueda hablar de paz en todos los casos mencionados, si el estado de cosas goza de un nivel de aceptación que no exige  el uso inmediato, directo y generalizado de actos violentos. Sabemos que esta última afirmación es susceptible de múltiples matizaciones y está integrada por conceptos imprecisos, pero con ello sólo pretendemos avisar de que el estado de cosas generalmente admitido, y aún soportado, tiene un valor en sí mismo, y que la ruptura de esos equilibrios puede ocasionar daños infinitamente mayores que su mantenimiento, como podemos comprender sin más que citar las consecuencias de la “Primavera árabe”, y el baño de sangre y desesperación que ha generado en países como Libia o Siria, entre otros muchos, cuya situación interna podía calificarse como pacífica desde la perspectiva posibilista que manejamos.

 Naturalmente el juicio que nos merezcan las acciones encaminadas a romper una situación de equilibrio de fuerzas sin violencia generalizada, que para nosotros es la única definición posible del manoseado término “paz”, vendrá determinado por el que, previamente, hayamos asignado a la situación de equilibrio. Por eso a mí no me parece comparable la manifestación de estudiantes en la Plaza de Tien an men, en ese desdichado junio de 1989, con “La Marcha Verde”, promovida por el Rey de Marruecos para invadir nuestro protectorado en el Sahara, o con la celebración del referéndum por la independencia de Cataluña.

Pero, si nos fijamos, todos los movimientos referidos en el epígrafe anterior aparecen o tratan de aparecer como pacíficos, aunque paradójicamente estén encaminados a romper un estado de cosas preexistente y susceptible de ser calificado también del mismo modo, salvo, naturalmente, para aquellos que consideren no pacífico cualquier equilibrio que no concuerde con su particular ideología y que no diferencien entre paz y justicia, o más bien entre la paz y su particular sentido de lo justo (esos dirán que la paz injusta no es la “verdadera” paz).

Considero, sin embargo, que toda actividad dirigida a romper un estado de cosas sin violencias generalizadas no puede calificarse como pacífica por el mero hecho de que no se exprese mediante la inmediata materialización de actos violentos, y ello incluso prescindiendo del hecho de que ninguna acción dirigida a tal fin deja de incluir algún que otro acto violento, atribuido siempre a “incontrolados que no representan el sentir general de los manifestantes”. Cuestión distinta es el juicio que esa actividad pueda merecer desde la perspectiva moral o de la “justicia”, es decir, desde el punto de vista del Derecho Natural o de unas determinadas convicciones religiosas.

Cuando se actúa contra el orden público establecido, el prescindir o no de medios directa e inmediatamente violentos, ni legitima por sí sólo la actividad emprendida ni suele pasar de ser un recurso táctico, derivado, en la mayoría de los supuestos, del hecho incontrovertible de que acudiendo a métodos violentos no habría ninguna posibilidad de éxito. Existiendo colectivos que tienen el deber de mantener el orden establecido mediante el empleo de la violencia del Estado, y ciudadanos que confían legítimamente en esa actuación, las acciones dirigidas a romper un determinado estado de cosas siempre implicarán una violencia, cuando menos psicológica, y siempre susceptible de materializarse en actos concretos.

Cuanto mayor sea el número de los que actúan “pacíficamente” contra el estado de cosas, y menor el de quienes están obligados a defenderlo, mayor será ese grado de violencia latente, porque poner en marcha a una multitud suele resultar más fácil que controlar sus acciones, de manera que esa masa en movimiento tendera a convertirse en una marea humana proclive al linchamiento (recordemos el Mayo del 68 francés, o su emulación bajo la forma de los adoquines con que obsequiaban los “pacíficos” nacionalistas catalanes a la policía española). Como, en el fondo, todos sabemos que esto es así, aunque nos neguemos a admitirlo, resulta difícil dudar de la capacidad de esos grupos “pacíficos” para infundir temor entre los defensores del orden público, sea este justo o injusto, lo cual es constitutivo de eso que hemos denominado como violencia psicológica y que es más usualmente conocido por los juristas como intimidación. Puestos en una situación extrema, los defensores del “status quo” tendrán que emplear un grado de violencia capaz de provocar un terror aún mayor entre los “pacifistas”, con el resultado que todos deberíamos ser capaces de prever, y además serán ellos los únicos señalados como culpables, a mayor gloria de los líderes de la manifestación.

La calificación moral de esos actos de “rebelión pacífica”, “desobediencia civil”, o como quiera que se les denomine, exigirá una ponderación delicada de los elementos concurrentes, siempre teniendo en cuenta que dicha ponderación no estará exenta de dificultad, al depender, como todos los conceptos envueltos en este espinoso asunto, de factores ideológicos. Pero quienes promuevan todas esas acciones deberían ser conscientes de los dragones que van a despertar, evitando daños previsibles que superen el generado por el estado de cosas que pretenden combatir (como impone la figura jurídica del Estado de Necesidad para justificar la producción de un mal), y, por supuesto, resultaría aconsejable que se pusieran al frente de las manifestaciones. Porque hay “faros de la humanidad” que han provocado centenares de muertos, enviando a una multitud contra fuerzas armadas que tenían el inexcusable deber de oponerse a sus “pacíficas” pretensiones, pero sin sufrir daño alguno en sus propias carnes. 

 

Luis Miguel López Fernández

Doctor en Derecho, Máster en Derecho y Economía de la Empresa y abogado.