Todo comenzó con un Felipe González al tanto del despertar de la mujer en las últimas décadas del siglo XX y alertado del alto porcentaje de votos que representaba la mujer en España. De modo que oportunamente emparejó este colectivo social a su ideario político y para ello, una de las primeras medidas que adoptó el PSOE de aquellos días, nada más llegar este sevillano al poder, fue crear, a nivel nacional, el «Instituto de la Mujer» (Ley 16/1983, de 24 de octubre, sobre creación del Organismo Autónomo Instituto de la Mujer). Años más tarde, en 1986, también se creaba en Andalucía el Instituto Andaluz de la Mujer, organismo que sin demora habilitó sus correspondientes Delegaciones Provinciales. Este mismo modelo se repetiría en cada una de las dieciséis Comunidades Autónomas restantes, es decir, un Instituto de la Mujer a nivel de capital autonómica y su réplica, en una Delegación del mismo, a nivel provincial. De esta manera se montó una infraestructura embrionaria que no dejaría de reproducirse hasta llegar a ser una próspera Industria de Género, una gigantesca red asociativa que requeriría abundante mano de obra no necesariamente cualificada cuyo único requisito ha sido y sigue siendo demostrar gran fanatismo y ardor guerrero, eso mismo que se exige en dosis extremas a Vicepresidentas, Ministras, Consejeras, Directoras… y resto de altas cargas del Estado vinculadas a las siglas del partido político de marras.

 

Felipe González, un hombre de su tiempo, unía a su olfato político el manejo de datos contundentes sobre el potencial de la mujer, es decir, el papel a desempeñar por éstas en una sociedad camino de modernizarse y, claro está, en su análisis aparecía el manifiesto peso electoral de las féminas, pues en la España de 1981, el sexo femenino ya representaba un 51% del voto.

 

En aquellos días y en la misma calle donde se ubicaba el Instituto de la Mujer (calle Almagro nº26, Madrid) –según relata el periodista José Díaz Herrera en su muy recomendable libro «El varón castrado» (Planeta)– se situó lo que los socialistas llamaban «el hotel de las asociaciones», un enjambre de asociaciones paralelas al Instituto de la Mujer y encargadas, por una parte, de dar soporte jurídico y legal a dicho Instituto desde la Asociación de Mujeres Juristas (Themis), como por otra, para poner en marcha movilizaciones, ahora desde la Red Feminista a la que habría que sumar un docena más de asociaciones feministas. Asociacionismo pensado y estudiado como necesaria cohesión y vertebración del colectivo social de sexo femenino, corporativismo que iría consolidándose y crecería exponencialmente gracias a una financiación creciente, sostenida y garantizada por el Estado, mientras que el colectivo de sexo masculino se mantendría ajeno a tal ofensiva, absolutamente desestructurado, como ocurre incluso a día de hoy.

 

La característica básica de este «asociacionismo de género» ha venido siendo su estrechísima vinculación con el partido que lo ideó, el PSOE, precisamente por mostrase en su conjunto totalmente necesario como infraestructura básica, tanto para aportar propuestas de jurisprudencia feminista radical a discreción como para ir cosiendo entre sí una tupida red de entes y organismos. A un tiempo se iba perfilando la cadena de mando, los medios y modos de hacer circular a velocidad de crucero la información de arriba abajo y viceversa, hasta ir puliendo y alcanzar una disciplina guerrera sin precedentes, una maquinaria de guerra operativa y engrasada a base de infantería compuesta por una soldadesca cada vez más radicalizada y presta a tomar las calles.

 

Lo que en su día fue una idea sensata y necesaria, la de impulsar la independencia económica y cultural de la mujer,  creando para ello un organismo autónomo (Instituto de la Mujer), derivaría en una radicalización de sus planteamientos fundacionales a manos de las mismas asociaciones encargadas de asesorarlo y dotarlo de contenidos, medios y fines. En aquellos años, tales asociaciones se convirtieron en espectadoras privilegiadas de la encarnizada lucha entre los dos grandes partidos políticos por hacerse en exclusiva con sus favores, votos a cambio de privilegios jurisprudenciales y financiación creciente, un trueque ilegal e inmoral. De manera que un asociacionismo embrionario, pero con suficiente entidad como para dirigir el voto de sus bases, consciente de su poder electoral, comenzó a pedir caprichos y prebendas que obligarían al gobierno de turno y a los siguientes a abandonar por completo la senda de la justicia y poner en práctica normas inconstitucionales con las que arrinconar a los varones heterosexuales, privarles de su derecho a criar y educar a sus hijos, confiscarles sus rentas de trabajo, expulsarlos del que fuera su hogar familiar y anotar sus nombres en un Registro Central de Maltratadores.

 

Diego de los Santos, en la pág. 39 de su libro «Las mujeres que no amaban a los hombres» (Almuzara), lo describe con gran claridad: «Esta cosificación del papel femenino en la política, encaminada a la obtención del voto femenino, la iniciaron los partidos llamados "de izquierda", y a partir de entonces todas las formaciones políticas asumieron las tesis y reivindicaciones feministas, en una ciega competición por conseguir los votos de la mujer a base de privilegios de Estado. El feminismo radical estaba servido. La ideología feminista entró de lleno en los programas electorales de todos los partidos políticos de este país, como un elemento clave, utilizando la arcaica, machista y eficaz concepción de que con ofertas específicas para las mujeres atraerían su voto. Así, el feminismo fue –y sigue siendo– utilizado por los partidos políticos para sus fines; a cambio, el feminismo utilizó y continúa utilizando a los partidos y al poder del Estado para los suyos propios». 

 

A esta interesantísima y acertada reflexión de Diego de los Santos hay que añadir que, a la par de lo festivo, retribuído y eficaz de ese «matrimonio de conveniencia» entre feministas sectarias que venden sus votos y partidos políticos que se los compran en una subasta cuatrianual, están siendo pisoteados los Derechos Fundamentales de Padres e Hijos, ambos asistidos de un derecho natural y constitucional a una «custodia compartida» como régimen preferente en caso de separación o divorcio.

             

José R. Barrios