Es  meritorio y digno de elogio que un desconocido juez de provincias, pero Juez de verdad, y más teniendo en cuenta las represalias sufridas antes por otros, se atreva a hablar en plata y enfrentarse en solitario a un régimen nacionalfeminista y soltarle, desde una actuación profesional, las cuatro verdades del barquero, como son, entre otras, que la Dictadura de Género se la juega a una sola carta, una denuncia; que existen denuncias de maltrato que no se han demostrado; que el maltrato habitual no se sustenta en sólo un incidente o discusión aislada de una pareja, sino que requiere de un perfil contrastado de maltratador; que denuncias de supuesto maltrato se interponen con el objetivo de obtener ventajas procesales; que muchos de los informes que hablan de secuelas psíquicas y físicas en una maltratada son escritos estandarizados, refritos de palabrería sin capacidad legal y moral para retirar a unos hijos de su padre, al afirmar que el padre también los maltrata y, por último, los derechos de los hijos y el derecho que tiene el padre a relacionarse con sus hijos en un estatus de igualdad respecto a la madre de estos.

El País, en su pág.18 del 28/07/2018, reproducía las palabras de este juez, se trata del titular del Juzgado Penal 1 de Granada, el magistrado D. Manuel Piñar, que con gran acierto describía y condensaba de manera gráfica ese tramposo truco tan extendido por el territorio español y con el que tantos miles de madres retienen, de manera injusta y expeditiva, la custodia exclusiva de sus hijos. Leamos, pues, lo que escribe su Señoría y reprodujo textualmente en su día El País: «Los hechos muestran que ella (Rivas) decide separarse en el verano de 2016, por sí misma o porque alguien le asesora, se percata de que hay un escollo con la guarda y custodia de los dos niños y para obtenerla a su favor, decide explotar el argumento del maltrato».

El gran acierto de esta Sentencia –que por cierto se encuentra disponible al público en Internet– estriba, en primer lugar, en que el juez, de entrada y sin rodeos, desmonta «la mayor», esto es, la existencia de malos tratos continuados durante años: «No explicó ni se comprende que si fue maltratada en Italia entre 2012 y 2016, al nivel que ella dijo, de tortura y terror, no denunciara allí al momento en que se producía cada uno de los varios episodios que tuvieron lugar, según ella, tratándose de un país con una legislación y cultura de rechazo a estas conductas, similar a la nuestra».

En segundo lugar, una vez desmontada la inexistencia de malos tratos continuados, entonces el magistrado detecta el quid de la cuestión: que la denuncia se interpone con un fin concreto como es obtener «ventajas procesales», siendo la más importante de estas ventajas el adjudicarse directamente la guarda y custodia exclusiva de los hijos. Pero leamos al Juez: «Cuando las denuncias por malos tratos se interponen de forma coetánea a un proceso de separación o por disputas sobre guarda y custodia o bienes, se exige un análisis cauteloso, sobre todo si en ellas se relatan hechos pasados, que se pudieron denunciar antes. Sabido es el efecto tuitivo que despliegan los poderes públicos con respecto a las personas afectadas por malos tratos, uno de los cuales es apartar a los menores del maltratador, y, lógicamente, con esa perspectiva, no es extraño, como muestra la práctica, que en algunos casos, se recurra a esta vía como medio de obtener ventajas procesales».                        

En tercer lugar, una vez comprobado que no existen malos tratos y mostrada a la luz la finalidad u objetivo que hay detrás de esa denuncia de supuestos malos tratos, su Señoría va desmontado uno a uno cuantos informes pretendían apoyar y sostener tales inexistentes malos tratos, afirmando que «Juana R. G. aporta comunicaciones e informes periciales que adolecen todos de la misma falta de sustento probatorio, pues dan por veraces estos episodios de maltrato, pese a no haber quedado probado ninguno de ellos dentro de un proceso».

 

José R. Barrios