El Boletín Oficial de las Cortes Generales nº 200, de 8 de agosto de 2017, recoge las distintas comparecencias de multitud de personalidades y especialistas pertenecientes al alto Estado Mayor feminista. Una subcomisión llamada «de Igualdad», fue danto forma palabra a palabra a un texto que pasaría de a llamarse «Pacto de Estado contra la Violencia de Género» y que tras un sencillo trámite, el visto bueno de la «Comisión de Igualdad», sería finalmente aprobado por la Cámara Baja (Congreso de los Diputados) en forma de 213 medidas, las mismas que aparecen recogidas al final del boletín citado.

De entrada, la misma composición de la «Subcomisión de Igualdad» nos da idea de lo poco que en realidad importó la igualdad a la hora de redactar un Pacto de Estado. Veamos los nombres de los vocales de la citada subcomisión: Joseba, Ángeles, Pilar, Maricarmen, Sofía, Lidia, Teresa, Javier, Patricia, Ángela y Marta. Una proporción de 9 mujeres (82%) por 2 hombres (18%). Sin duda una muestra de total falta de «paridad», esa que tanto exigen a todas horas del día, pero que no aplican nada más y nada menos que a una subcomisión cuya tarea es sacar adelante un pacto a nivel de Estado. Claro que la impunidad y el descaro ya conviven con nosotros al haberse instalado en el diario proceder de la política. Signo inequívoco de un nuevo tiempo, porque aquello tan burgués de cuidar la estética, eso ya no se lleva. Además, se supone que la desproporción de 9 a 2 va a pasar desapercibida al común de la sociedad, aunque si ello no ocurre, entonces tampoco pasa nada, porque la sociedad civil se viene manteniendo debidamente desestructurada, esto es, compuesta por individuos aislados sin vínculos de unión, lo que imposibilita una mínima cohesión social que sí daría respuesta a los continuos desvaríos e incumplimientos de tanto político tóxico.

Leyendo el boletín de marras, se entra de lleno en una atmósfera inquisitorial. Una sarta de ocurrencias extremas se suceden sin descanso y compiten por ser la que más riza el rizo de tal o cual artículo de ésta o aquella ley, una jurisprudencia ya de por sí recalentada, manifiestamente injusta por anti varón. No obstante, que todo hay que decirlo por no faltar a la verdad, se observa una gran profesionalidad por retorcer cada norma –eso que las altas cargas llaman «perfeccionar»–, por reinterpretar incluso el espíritu de un texto legal ya en vigor para añadirle esa pizquita más de veneno que aún le falta para hacerlo letal. No obstante, cabe recordar que el alto mando feminoide está para eso, pues al permanecer liberado de cualquier otra tarea, tiene todo el tiempo del mundo para darle vueltas y vueltas a lo mismo, días y días reflexionando, leyendo una y otra vez el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal… así durante meses, buscando un adjetivo sonoro que no olvide el juez, esa matización a modo de frase adverbial que amplía los supuestos e incrementa las penas… todas ellas dedicadas con la inquina de su género a pulir, con una gubia vengativa y rencorosa, la noble madera de lo que antes fue una jurisprudencia para personas sin distinción de sexo.

También se intuye, adentrándonos en la lectura del boletín de marras, que aquello debió ejecutarse en una atmósfera de tal complicidad e impunidad que incluso se alcanzarían momentos de éxtasis, porque todas las invitadas sintonizaban en una misma onda del dial de género y, sobre todo, porque ya iban predispuestas a una común unión de sangre, un aquelarre bajo una bóveda que hizo las veces de aquella otra de Zugarramurdi (Navarra) en la que estuvimos en su día al objeto de conocer mejor los antecedentes del brujerío nacional.

Algunas de las comparecientes llegaron en representación, entre otras, de Feminicidio.net., Fundación Mujeres, Federación de Mujeres Progresistas, Plataforma 7-N contra las violencias machistas, Fundación CERMI Mujeres, Asociación Ve-la Luz, Asamblea Feminista de Madrid, Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, Máster Malos Tratos, etc. Tales asociaciones, muchas subvencionadas desde tiempos de Felipe González, todas bajo el amparo dinerario de un mismo partido político, irían dando forma al actual «Pacto de Estado», un prolijo documento feminista sectario con 213 medidas articuladas en 10 ejes o bloques temáticos, el remate a una ya de por sí abundantísima jurisprudencia de género que iniciara la LIVG 2004, un «Manual de inquisidoras» con el que dar cobertura jurisprudencial, que no constitucional, durante los próximos decenios, a una Edad de Penumbra.

 

José R. Barrios