Los diputados del PSC han registrado una proposición no de ley para que se cree un grupo de estudio "con la participación de juristas, expertos en seguridad vial, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con competencias en la materia".

 

Un grupo que contaría también con representantes de las diferentes administraciones con competencias en la materia, de las asociaciones de prevención de accidentes de tráfico y de fomento de la seguridad vial y los centros de investigación y organizaciones profesionales, económicas y sociales más representativas directamente relacionadas con el tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible, y asociaciones de ciclistas, para que en un plazo de seis meses analice la situación que sufren las víctimas y perjudicados en caso de homicidio o lesiones cometidas por imprudencia leve.

 

El objetivo final de la iniciativa es que se inicien los trámites oportunos para presentar un proyecto de ley que modifique las normas actuales que dificultan la compensación efectiva de las víctimas de los accidentes de tráfico, sobre todo peatones y ciclistas y que estas víctimas tengan acceso la tutela judicial efectiva.

 

La diputada del PSC Mercè Perea considera que el parlamento "debe actuar y responder a las situaciones injustas antes de que los ciudadanos las sufran", y por este motivo ha denunciado la desprotección judicial en que se encuentran las víctimas "es un retroceso en derechos ", porque supone" dejar el arcén los más débiles, aquellos que no pueden pagar los profesionales para reivindicar sus derechos ".

 

Esa misma tarde, Perea, acompañada de los diputados del PSC Joan Ruiz, Lidia Guinart y Mónica Lafuente, se ha reunido con el abogado especializado en accidentes de tráfico y defensa de las víctimas de accidentes, Francisco Parrés.

 

La pnl los diputados del PSC, que se volverá a registrar para ser aprobada la legislatura que viene, insta al Gobierno del Estado que, hasta que no se lleven a cabo las modificaciones legales necesarias, las Unidades de víctimas de accidentes de tráfico de la Dirección General de Tráfico faciliten las actuaciones especializadas que en diferentes ámbitos han podido verse afectados gravemente en la vida de las víctimas o de sus familiares, y que se vele de manera específica para la protección efectiva de los derechos de las víctimas de accidentes de tráfico, en todos los casos y situaciones.