La investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña implica la cesación de efectos de las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy por la autorización del Senado, que se concedió conforme al artículo 155 de la Constitución. El problema es que parece probable que el desafío independentista se continuará desarrollando bajo el mandato de una persona que no deja de ser un títere de Carles Puigdemont.

 

Quim Torra difundió sus pensamientos a través de varios artículos y publicaciones en Twitter, que han servido para conocer los pensamientos del nuevo presidente de la Generalitat, que dedicará sus esfuerzos a cumplir las órdenes de Carles Puigdemont, al que considera presidente legítimo del Gobierno catalán. Por esa misma razón, puede decirse que todo lo que haga durante los próximos meses en la Generalitat en relación con la independencia de Cataluña dependerá de lo que le digan a Quim Torra desde Alemania.

 

Realmente, no sería extraño que se reanudaran los actos que ya impulsó Carles Puigdemont y que se necesite utilizar, nuevamente, el artículo 155 de la Constitución. Si Quim Torra obrara como su predecesor, se activaría la coerción estatal y, si se adoptaran las medidas ya efectuadas con anterioridad y con la misma intensidad por la falta de claros apoyos del PSOE, se celebrarían otras elecciones que, tras un largo periodo de tiempo, podrían servir para constituir otro Gobierno independentista en Cataluña que no respetara el ordenamiento jurídico. En ese caso, se volvería a usar el artículo 155 de la Constitución y sería difícil que no se volviera a repetir la situación.

 

Es cierto que Mariano Rajoy ha indicado que no habría nuevas elecciones en Cataluña por la coerción estatal, pero habría que ver lo que podría hacer el Gobierno con la presión del PSOE y de Unidos Podemos en un escenario de esa magnitud. Aunque Pedro Sánchez ha afirmado que apoyará una aplicación más prolongada en el tiempo del artículo 155 de la Constitución, habrá que esperar para observar la sucesión de acontecimientos.

 

Es necesario que, a partir de ahora, se actúe de un modo más inteligente y contundente, restringiendo eficazmente las conductas desarrolladas por los independentistas en contra de la Constitución y del Código Penal mediante controles efectivos. Para eso, habrá que aprovechar lo aprendido y corregir los graves errores cometidos en el pasado con la coerción estatal, de modo que se pueda evitar la aplicación en bucle del artículo 155 de la Constitución, que implicaría un preocupante funcionamiento del control del Estado sobre las actividades independentistas en Cataluña, que están sirviendo, únicamente, para perder tiempo y dinero en asuntos que no resultan tan esenciales para la ciudadanía como los problemas relativos al paro, la vivienda o la corrupción política.