Gracias a la crisis, se han publicado numerosos casos de corrupción que han afectado a las más altas instituciones españolas. Ha habido otros casos de gran repercusión mediática que tienen el mismo denominador común: el descaro de los jueces para no cumplir la ley.

La corrupción judicial tiene una doble vertiente poco conocida y ocultada por los grandes medios de comunicación.

Por un lado, una lectura objetiva de las estadísticas judiciales que publica el Consejo General del Poder Judicial todos los años, nos hace ver que hay varios millones de víctimas judiciales al año, víctimas tanto de los jueces como, en muchos casos, de sus abogados protegidos por los propios jueces.

Los españoles nos hemos acostumbrado a pensar que los funcionarios públicos son incompetentes y la mayoría cree que la incompetencia es la causante de los errores judiciales; sin embargo, la realidad es otra. Tenemos un sistema judicial corrupto que no tiene como prioridad cumplir la ley ni hacerla cumplir. Las víctimas del sistema judicial deben saber que no son afectados por la incompetencia sino por la corrupción de los jueces.

Si la anterior es preocupante, la otra vertiente es demoledora y para introducirla lo mejor es expresarla en las palabras del mismísimo Tribunal Constitucional:

"derecho de los administrados a que el Juez enjuicie los actos administrativos que les afectan (art. 24.1 CE), controlando la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 CE), esto es, su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE)”; lo cual “constituye la culminación del sistema de derechos y garantías característico del Estado de Derecho” (SSTC 294/1994, de 7 de noviembre, FJ 3; 76/1996, de 30 de abril, FJ 7; 179/2003, de 13 de octubre, FJ 3; 312/2006, de 8 de noviembre, FJ 4). Como ha afirmado la Sentencia 103/1996, de 11 de junio (FJ 7), la prescripción constitucional de que los “Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican” (art. 106.1 CE) es la “auténtica cláusula regia del Estado de Derecho”.

En otras palabras, la principal función de los jueces consiste en controlar al resto de las autoridades públicas incluyendo a los políticos, para evitar un Estado totalitario como el español, “poco democrático” y”disuasorio” en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si hiciéramos una encuesta preguntando a los españoles si creen que los jueces impiden el abuso de las autoridades públicas a los ciudadanos, cosa que no hace el CIS, estoy seguro que dirían que no. De hecho, la corrupción política generalizada es una prueba de que los políticos han tenido IMPUNIDAD durante décadas y si no llega a ser por algunas personas y organizaciones privadas, como Manos Limpias, ningún político la habría perdido.

La corrupción política actúa como un acelerador del cáncer de la corrupción judicial, extendiéndola a toda sociedad, por el hecho de la gran repercusión mediática que tienen sus palabras, a pesar de su bajo contenido de veracidad.

Por lo antedicho, es evidente que el problema más grave de España es la corrupción judicial que origina la corrupción política que, a su vez, origina la mala educación, el desempleo, la pobreza, los trastornos mentales, los suicidios, las crisis, etc.. Estos últimos son los que la mayoría de la gente considera los mayores problemas, sin comprender el origen de los mismos.

¿Por qué hay corrupción judicial?

La corrupción judicial deriva de que los jueces tienen IMPUNIDAD. Cuando se denuncia a un juez, otros jueces le encubren sistemáticamente, hasta el punto de que sólo ha habido un juez que ha sido condenado a prisión.

Esta IMPUNIDAD empuja a la corrupción y al descaro con que actúan los jueces, burlándose de los justiciables y de todos los españoles como sabemos por las numerosas causas con repercusión mediática.

En 1812 las cosas eran distintas porque la Constitución de la época (Cortes de Cádiz) establecía que los jueces SÓLO podían ser juzgados por un Jurado Popular.

Hace unas semanas, este medio informó que en el Día de los europeos contra la corrupción judicial (22 de septiembre), varias organizaciones del sector social están promoviendo que los jueces sean juzgados sólo por un Jurado Popular. Esta propuesta ya la trasladó la Asociación de Usuarios de la Justicia (AUSAJ) a la Comisión de Justicia del Congreso en noviembre de 2017, pero los Diputados no han hecho nada porque, evidentemente, esto significaría que se acabaría su negocio de la corrupción.

En febrero de este año, creé el European Movement for Justice (Movimiento Europeo por la Justicia) que ha hecho una petición para recabar apoyo popular para que los jueces sean juzgados por un Jurado Popular, como forma de acabar con esta sociedad injusta, peligrosa y corrupta, donde los jueces venden sus sentencias, aplican sus ignorantes creencias y permiten unas instituciones corruptas que amenazan con destruir la paz social. Ahora la estamos trasladando a otros países europeos.

 

Javier Marzal es Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED)