En relación a ellas, se formulan las siguientes preguntas al Gobierno en funciones para las que se solicita respuesta por escrito:

  1. ¿Cuántas declaraciones de reparación y reconocimiento personal se han solicitado cada año desde la entrada en vigor de la Ley 52/2007?

  2. ¿Cuántas personas han sido beneficiarias cada año de las ayudas del art. 9 de la Ley 52/2007?

  3. ¿Cuántas personas han obtenido el reconocimiento del art. 10 de la Ley 52/2007?

 
 
  1. ¿Cuántas búsquedas e investigaciones de los art. 11 y ss han sido llevadas a cabo desde la aprobación de la Ley 52/2007?

  2. Pues bien, de entre todas las personas beneficiarias de las anteriores declaraciones, ayudas, reconocimientos u objeto de investigación, ¿cuántas de ellas estaban relacionadas con bandas terroristas como ETA, GRAPO, FRAP u otras?

  3. ¿Cuántas de ellas habían sido anteriormente condenadas por delitos relacionados con las citadas u otras bandas terroristas?

Segunda batería de preguntas

  1. ¿Cuántas solicitudes para la obtención de estas ayudas se han presentado cada año desde la entrada en vigor de la Ley 52/2007?

  2. ¿Cuántas personas han sido beneficiarias cada año de estas ayudas?

  3. Pues bien, de entre todas las personas beneficiarias de las anteriores ayudas ¿cuántas de ellas estaban relacionadas con bandas terroristas como ETA, GRAPO, FRAP u otras?

 
 
 
  1. ¿Cuántas de ellas habían sido anteriormente condenadas por delitos relacionados con las citadas u otras bandas terroristas?

  2. ¿Qué impacto económico ha tenido la concesión de estas ayudas para las arcas públicas?

    Tercera batería de preguntas

    1. ¿Cuántas calles, plazas o lugares públicos han sido rebautizados en aplicación del citado artículo?

    2. ¿Qué coste ha implicado para las arcas públicas el mero cambio de dichos nombres?

    3. ¿Existe alguna estimación del coste indirecto que implica para la sociedad dicho cambio de nombres?

     
     

    4. ¿A cuánto ascendería ese coste indirecto, en caso de existir la anterior estimación?

 

Este es el escrito que ha presentado VOX en el Congreso por mediación de sus Diputados: D. Santiago Abascal Conde, D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D. Joaquín Robles López y D. José María Figaredo Álvarez-Sala.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.
El primer motivo que recomienda la derogación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura es el ataque directo a la libertad ideológica individual que supone.

En efecto, esta Ley señala buenos y malos en la historia de España y pretende obligar a todos los españoles a comulgar con esa interpretación. Lo cierto es que la interpretación de la historia es un aspecto de la libertad individual y por lo tanto está consagrado en la Constitución como un derecho fundamental. Por ello, esta Ley, que supone un ataque directo a dicha libertad, supone también un ataque directo a la Constitución.

La Ley 52/2007 consagra, por ejemplo, a las Brigadas Internacionales, un cuerpo que combatió en España durante la guerra civil y cuya actuación es más que discutible. Pues bien, ahora en España, ya tenemos una Ley que afirma positivamente que las Brigadas Internacionales fueron positivas para España. Es más, la Ley 52/2007 recompensa a las personas que combatiesen en dicho cuerpo con un régimen especial para obtener la nacionalidad española. Así las cosas, quien a día de hoy legítimamente opine que las Brigadas fueron nocivas para España, criminales o que su actuación no estaba justificada, estará opinando en contra de una Ley. Este es sólo un ejemplo de los muchos que hacen que esta Ley se inmiscuya injustificadamente en la libertad ideológica de los españoles.

En definitiva, esta Ley hace una valoración de la historia de España avalando una parte y condenando otra. Leyes como esta sólo se encuentran en el ámbito internacional en la Rusia de la revolución soviética o en la China de la revolución cultural.

II.
En el año 1978 se aprueba la Constitución Española. Un 91.81% de los electores votó a su favor. Fue aprobada por una mayoría que nunca se ha vuelto a repetir desde entonces. Ese voto mayoritario demuestra el consenso que aquel Proyecto de Constitución generó en la sociedad española.

En el Proyecto participaron siete ponentes que representaron a todos los sectores ideológicos de España: D. Gabriel Cisneros, UCD; D. Gregorio Peces-Barba, Partido Socialista Obrero Español; Jordi Solé, Partit Socialista Unificat de Catalunya; José Pedro Pérez-Llorca, UCD; D. Manuel Fraga, Alianza Popular; D. Miguel Herrero, UCD; Miquel Roca, Minoría Vasca y Catalana.

Es decir, el Proyecto recibió la influencia de todos los sectores políticos españoles, incluido el catalanismo y el socialismo cuya expresión pública, hasta hacía pocos años, habían permanecido en la clandestinidad.

Este pluralismo ideológico explica el altísimo apoyo que recibió en las urnas. Este apoyo, además, venía estimulado por el espíritu de concordia y reencuentro de todos los españoles.

Ya antes de la aprobación de la Constitución se habían aprobado el Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía y la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.

En la redacción de esta última Ley también participaron representantes de casi todo el abanico ideológico de España: Donato Fuejo, Partido Socialista Popular; Marcelino Camacho, Partico Comunista de España; Mitxel Unzueta, Minoría Vasca y Catalana; Pablo Castellano, Partido Socialista Español; Pilar Bravo, Partido Comunista de España; Plácido Fernández, Partido Socialista Español; Xabier Arzallus, Minoría Vasca y Catalana.

Pues bien, al igual que el Proyecto de Constitución, la Ley de Amnistía había sido preparada por representantes de unas ideologías cuya manifestación, hasta hacía pocos años, había permanecido en la clandestinidad.

En definitiva, la redacción de las normas que traen la democracia corre a cargo de aquellos que se habían visto reprimidos por el régimen franquista que hasta 1975 había regido España.

Pues bien, dicho lo anterior, con la aprobación de la Constitución Española nace una democracia completa, en cuya génesis participan representantes de todas las ideologías.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, parte de la premisa contraria a la anterior. Considera que las personas e ideologías perjudicadas por el franquismo no han sido recibido aún compensación, legal y moral.

Pues bien, lo cierto es que la Ley 52/2007 no hace más que reabrir unas heridas que ya estaban cerradas. Marca, no a la sociedad, sino a los españoles individualmente. Hace que unos sean los unos o los otros, en calidad de descendientes de quienes comulgaron con un bando u otro en la contienda, quienes se vean señalados por la ley.

La realidad es que la guerra civil y la posterior dictadura marcaron a toda la sociedad española, no a cada español individualmente. La exposición de motivos de la Ley 52/2007 afirma, entre otras cuestiones, lo siguiente: "El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el período democrático, en favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió".

Hasta la promulgación de esta Ley, las normas que se habían promulgado, iban dirigidas no "en favor" de unas u otras personas, sino en favor de todos los españoles.

En definitiva, no es cierto eso que considera la Ley 52/2007 de que aún se deban "cerrar heridas todavía abiertas en los españoles". Más bien al contrario, esta norma no hace sino reabrir esas heridas que ya estaban cerrada. Reabre un proceso que ya estaba ultimado.

III.
La Ley 52/2007 parte además de una premisa errónea. Considera que la democracia española estaba coja y que esta ley ayuda a su maduración. Lo cierto es que la democracia española ya podía considerarse como "completa" tras la aprobación de la Constitución Española.

Por ello, las consideraciones que llevan a publicar esta Ley 52/2007 en las que se afirma que "[p]ese a ese esfuerzo legislativo, quedan aún iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos" debieron haber sido descartadas. Desde el año 78 la democracia española es completa y absoluta. En España no se persigue a ningún español por sus ideas.

Por lo tanto, la democracia española ya era completa y no es necesaria ninguna norma que venga a finalizar ese proceso.

IV.
La exposición de la Ley 52/2007 declara que uno de los motivos que la justifican es la declaración de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados de 20 de noviembre de 2002: "nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática".

Pues bien, esa afirmación es refrendada por la totalidad de los españoles demócratas sin que sea necesaria una Ley que la "asuma". Encontramos una prueba de la profundidad de los valores democráticos de la sociedad española en las masivas manifestaciones cívicas de julio de 1997. Toda España se volcó en su rechazo, precisamente, contra la utilización "la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos", que es precisamente lo que la banda terrorista ETA pretende hacer.

Así pues, no es necesario que una ley venga a regular unos valores que calan hondamente en la sociedad española.

V.
La Ley 52/2007 también recoge, como uno de sus motivos la memoria y recuerdo "de quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos, como los integrantes del Cuerpo de Carabineros, los brigadistas internacionales, los combatientes guerrilleros". En concreto, se prevé un tratamiento específico para aquellas personas que luchasen en las brigadas internacionales ex art. 18.

Esta Ley avala con carácter general estos cuerpos que cita. No repara sin embargo en los crímenes que cometieron muchas personas agrupadas en esos colectivos. La Ley, al citarlos y reconocerlos abiertamente sin excepción, está cayendo en esos errores que pretende solventar. En efecto, la Ley 52/2007 basa su existencia en algunos infames colectivos que cita en su exposición de motivos.

En concreto, las brigadas internacionales no están exentas de discusión doctrinal que discute la legitimidad de muchas de las actuaciones que llevaron a cabo durante la contienda. Es más, algunas de esas actuaciones habrían estado incluso al margen de las instrucciones del Gobierno de la República por lo que esas brigadas habrían actuado como meros mercenarios en España.

Por todo ello, sean estos colectivos dignos de alabanza o de crítica, no debe ser el Poder Legislativo quien venga a avalarlos o atacarlos. Por el contrario, debe ser la sociedad y cada español el que juzgue las acciones que esas personas llevaron a cabo el pasado a través del estudio de la historia.

VI.
La Ley 52/2007 además, anuncia que será la primera de sucesivas iniciativas que tratarán de declarar vía ley qué sucedió en el pasado y cómo deben valorarlo los españoles. En efecto, afirma que "la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática".

Es por ello que esta Ley sólo deja en pausa un proceso de supuesta compensación y democratización de España que puede no tener fin. En efecto, a los redactores de esa Ley no les parecía suficiente el Real Decreto-ley 10/1976, la Ley 46/1977 y la Constitución Española, que fueron redactadas por todos los sectores ideológicos de España. Entonces, todo apunta a que nunca encontrarán un límite. Esa supuesta compensación y democratización llevada a cabo legislativamente no está aún, ni lo estará nunca, completa.

Así las cosas, no parece deseable una Ley que reabra las heridas y se encargue expresamente de que nunca cicatricen.

VII.
Además, la Ley 52/2007 lanza una sombra de sospecha sobre la Constitución. Es decir, el tenor de esta Ley deja claro que la Constitución no habría sido suficientemente democrática. Deja entender que algo del franquismo se coló en la democracia española.

Pues bien, esta sombra de sospecha que intencionadamente se lanza sobre la Constitución tiene un objetivo concreto: socavar la legitimidad de la monarquía parlamentaria. Efectivamente la Ley 52/2007 no es más que la primera piedra de un ataque al sistema democrático monárquico de España.

Así las cosas, se considera que procede la derogación de la citada Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente Proposición de Ley. ARTÍCULO ÚNICO. DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Queda derogada la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. ENTRADA EN VIGOR.

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado.”

ANTECEDENTES NORMATIVOS

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia