La constatación de la malversación de los Fondos Europeos queda en registrada para su consulta en las páginas 16 y 17 del «Informe de la Oficina Europea Antifraude» (OLAF), estudio que, a su vez, recoge las conclusiones del «Tribunal de Cuentas del Reino de España», un organismo oficial a todas luces, de ahí que estemos ante hechos, no frente a especulaciones.

Se trata, pues, de numerosas «deficiencias e ilegalidades» detectadas en los contratos que son responsabilidad directa de la «Delegación del Gobierno para la Violencia de Género», irregularidades en la canalización de fondos europeos del «Fondo Social Europeo» que constituyen una malversación de caudales públicos: 

  1. En 2008 los Órganos de Contratación de la Delegación de Violencia de Género «no utilizaron, como regla general, el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación»,pese a ser el que la Ley de Contratos fija como ordinario, «lo que podría haber afectado al cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir todo el procedimiento de contratación pública». En concreto se señalan dos expedientes por un importe total de 5,5 millones que fueron adjudicados de forma directa a la misma empresa alegando razones de urgencia que, según el Tribunal, «no estaba debidamente justificada». A su juicio, ello pudo comportar una «falta de transparencia» por parte del órgano de contratación, que debería haber utilizado otro procedimiento.
  2. La «utilización reiterada» de la tramitación de urgencia continuó en 2009 y volvieron a repetirse casos en los que no estaba justificada
  3. También se citan tres expedientes tramitados en 2008 mediante procedimiento negociado sin publicidad para premios a guiones cinematográficos, en los que la cuantía prevista a tal fin superaba el máximo permitido para su financiación, así como otros tres contratos administrativos «con objeto distinto pero todos íntimamente relacionados», que podrían indicar «fraccionamiento en el objeto del contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad».
  4. Tampoco se ve justificada la declaración de emergencia de otros tres expedientes que debieron pasar por Consejo de Ministros y que recayeron en la misma empresa adjudicataria, por lo que entiende que hubo una «adjudicación directa» que vulnera «los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos».
  5. Se anota la acumulación de contratos menores (el 90,12% del total de contratos adjudicados), con carácter especial en el último trimestre del ejercicio 2008, así como una reiterada adjudicación por su importe máximo permitido (12.020,14 ó 20.880 euros), «lo que puede ser indicativo de un incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, así como un posible fraccionamiento en el objeto de los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y eludir así el procedimiento o la forma de adjudicación que hubiera procedido». Es más, en tres de esos contratos menores el gasto se aprobó después de la emisión de la factura, por lo que el servicio debía de estar ya prestándose, lo que supone «un incumplimiento del artículo 95.1 de la Ley de Contratos que exige la aprobación previa», y que en otros cuatro se trataba de «contrataciones de personal encubiertas al margen de los procedimientos públicos de selección de personal».
  6. En cuanto al sistema de seguimiento en los casos de la Violencia de Género, el Tribunal de Cuentas ha observado que no se determinó el número exacto de dispositivos a suministrar, provocando una indefinición en el objeto del contrato que también incumple lo previsto en la Ley de Contratos.
  7.   En ese contexto, el Tribunal de Cuentas considera necesario que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género «adopte las medidas necesarias tendentes a centralizar todo el procedimiento de contratación administrativa (preparación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución) en una unidad orgánica, con independencia de su procedimiento de adjudicación (procedimiento abierto, negociado o contrato menor), con el fin de homogeneizar criterios de actuación en esta materia, lo que facilitaría el seguimiento de los contratos adjudicados para el desarrollo de sus funciones y, podría resolver algunas de las deficiencias señaladas».
  8.   Las incidencias afectan también a los convenios de colaboración y las subvenciones. No hubo plan de actuación en 2008 y el de 2009 no se aprobó hasta diciembre de ese año, precisamente a requerimiento del Tribunal de Cuentas.
  9. Por otro lado, el Tribunal cuestiona el papel del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer durante 2008 y 2009, un órgano de asesoramiento y colaboración institucional que elabora informes y propuestas de actuación, porque considera que el pleno del mismo no celebró el número de reuniones establecidas en su reglamento, lo que, a su juicio, podría afectar a su función como órgano de asesoramiento y evaluación.
  10.   «El Tribunal de Cuentas en España lleva un retraso deliberado de 5 años para entrar a conocer de las irregularidades de las Administraciones Públicas, de esta forma cuando comienza a evaluarse un expediente ya ha prescrito el delito y no puede ejecutarse por ejemplo el correspondiente expediente administrativo de reintegro en relación con las subvenciones públicas concedidas». La ejecución de medidas de fiscalización en España por lo tanto de los fondos europeos Daphne, Dike y Fondo Social Europeo en General es «deliberadamente inoperante».
  11.  «La mayor bolsa de fraude asociada a la comisión de delitos continuados contra menores y hombres a través de la financiación del Fondo Social Europeo y Programas Daphne y Dike es el mecanismo de denuncias falsas por maltrato a la mujer que se ha creado en España y que opera como una maquinaria sistémica financiada por fondos europeos».

Porque el dinero público no es de nadie, Carmen Calvo dixit, entra dentro de la normalidad que incluso el dinero europeo destinado al maltrato a las mujeres se gestione con criterios ya convertidos en hábitos propios de una gestión política inadecuada, perseguible y penable. Sólo es de esperar que los europeos, al tanto del desaguisado en el control del dinero en la Industria de Género española, auditen lo que es suyo y lo reclamen con sus intereses de demora, como igualmente sancionen a sus responsables.

 José R. Barrios