La corrupción política es uno de los grandes problemas de España. Las consecuencias de los diferentes casos de irregularidades protagonizados por dirigentes políticos son diversos, debiendo destacarse el problema que se plantea con la restitución del dinero que ha sido objeto de apropiación. Aunque el ordenamiento jurídico regula con carácter general la devolución del dinero, son muchas las ocasiones en las que no se produce la restitución de los fondos públicos sustraídos.

 

Javier Gómez Bermúdez, magistrado de la Audiencia Nacional, comentó, en una entrevista con Jordi Évole, que es necesaria una ley de recuperación de activos, que tendría como finalidad arrebatar a los protagonistas de la corrupción todas las riquezas obtenidas por ellos. Esta sugerencia tuvo una fuerte incidencia en las redes sociales

Javier Gómez Bermúdez, magistrado de la Audiencia Nacional, comentó, en una entrevista con Jordi Évole, que es necesaria una ley de recuperación de activos, que tendría como finalidad arrebatar a los protagonistas de la corrupción todas las riquezas obtenidas por ellos. Esta sugerencia tuvo una fuerte incidencia en las redes sociales.

 

Sin entrar en el fondo de la propuesta, procede destacar que se ha iniciado una campaña en Change.org para pedir la aprobación de la ley de recuperación de activos planteada por el juez Javier Gómez Bermúdez. El texto de la petición establece que se haga una "Ley de Recuperación de Activos" que permita que la Justicia pueda requisar a los "delincuentes económicos" todo su patrimonio, incluyendo, no solo lo ganado, robado, estafado y conseguido mediante el delito, sino también todo lo ganado y conseguido después. Además, se dice que se quiere que se aplique la ley con carácter retroactivo.

 

Una ley de recuperación de activos nunca podría ser retroactiva y, si lo fuera, sería inconstitucional. Este hecho se debe a las reglas del artículo 9 de la Constitución Española, cuyo apartado tercero indica que la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. La Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1981 indica que “El principio de irretroactividad,del art. 9.3, en cuanto a las leyes, concierne sólo a las sancionadoras no favorables, y a las restrictivas de derechos individuales”.

 

Hay que tener cuidado con las propuestas. Existe mucho odio frente a la corrupción, pero, necesariamente, siempre deben respetarse los principios del Estado de Derecho, que garantiza la seguridad jurídica y la libertad.